SANTIAGO. - Un llamado para "marchar en una misma dirección" hizo esta mañana el ministro del Interior, Andrés Chadwick, a la Fiscalía, Gobierno, Tribunales y policías, con el fin de "hacer justicia" y "aplicar la ley".-
Lo anterior, luego que la Fiscalía Occidente y las brigadas investigadoras de robos (Biro) de crimen organizado (Brico) de la PDI, detuvieran a 31 personas involucradas en 9 delitos de robos con intimidación y violencia, por más de $700 millones. Tras los más de 40 allanamientos, se encontraron municiones y armas de fuego modificadas.
Ante este caso, el asesinato del cabo 1° de Carabineros, Óscar Galindo, y el homicidio en La Reina, es que señaló que: "Nosotros nos hemos estremecido con la violencia con la cual hoy día en distintos delitos están actuando personas menores de edad entre 14 y 18 años", agregando que el Presidente Sebastián Piñera ingresará una modificación a la ley de la responsabilidad penal juvenil, "porque creemos que es el momento de aplicar y establecer medidas más severas".
En esa linea, Chadwick también pidió a los Tribunales "que puedan hacer justicia, y eso consiste en aplicar a los delincuentes de esta gravedad la máxima pena que establece nuestra legislación. Considerar sus prontuario y que cumplan sus penas efectivas en los grados más alto que corresponde", ya que bandas coordinadas y "con esta capacidad de organización tienen que estar tras las rejas".
Y continuó: "En esos menores de edad queremos aplicar medidas más severas y una de ellas es que la reincidencia (...) sea obligatorio para los tribunales considerarlo como una agravante para que la pena sea mayor para aquellos menores que participan en delitos graves y que tienen prontuario policial".
Así, señaló que el trabajo realizado entre las policías y Fiscalía "no puede ser el día de mañana dejado de lado, desechado o debilitado por la acción de los Tribunales de Justicia" .
En tanto, el fiscal regional occidente, José Luis Pérez Calaf señaló sobre las 31 detenciones que "no les estamos pidiendo a los jueces que no cumplan la ley o no sean justos, ni razonables en su resolución, sino que en las mismas prerrogativas que la ley les da, pensando en la seguridad de la ciudadanía, impongan penas máximas y no mínimas como se hace con demasiada recurrencia".
El secretario de Estado también manifestó preocupación por el poder de fuego de las bandas, a lo que respondió que: "nuestra actual ley de control armas ha quedado superada, anticuada, y necesitamos con urgencia modificarla para enfrentar un nuevo fenómeno", el cual explicó es la compra lícita de armas, y posterior alteración para cometer delitos.
Sobre esto último, añadió que la modificación a la ley está siendo trabajada en la Comisión de Seguridad, la cual entregará su propuesta al Presidente antes del 8 de julio, en la que se incluirá "mejorar" los mecanismos de fiscalización.
