Jonathan Mancilla, El Mercurio
VALPARAÍSO.- Esta tarde el abogado demócrata cristiano,
Jorge Correa Sutil, asistió a la Cámara de Diputados para representar como defensor al ministro de Salud, Emilio Santelices, quien enfrenta una acusación constitucional tras haber modificado el reglamento de objeción de conciencia en el marco de la ley de aborto, permitiendo a las clínicas privadas acceder a recursos del Estado aunque fueran objetoras.
En su exposición que se extendió por tres horas, en la que se incluyó una pacífica protesta de las diputadas que impulsaron la acusación y las preguntas de los parlamentarios miembros de la comisión que revisa el líbelo, el
abogado que ha sido cuestionado por defender a un representante del Gobierno de Sebastián Piñera, dada su militancia falangista, aclaró su posición.
Correa Sutil aseguró que "no estoy aquí por una adhesión política al Gobierno o al ministro", por el contrario señaló que "estoy aquí por mi profunda convicción de que hay una acusación injusta" y afirmó que ante eso él defendería a representantes de la UDI, o el Frente Amplio incluso.
"La única diferencia que voy a hacer es que voy cobrar mis honorarios en relación a mi adherencia política", aclaró recordando que para defender a la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco no cobró y ahora sí lo hizo.
Los argumentos
El jurista expuso sobre la cuestión previa de la acusación, rechazándola argumentando que este debe ser un instrumento de "último ratio" y en este caso, a su juicio, no se estaría cumpliendo esa condición ya que incluso es un proceso que "está en curso" y no se han cumplido con todos los procesos para finalizarlo, ya que incluso aún no se ha dictado un nuevo reglamento tal como lo estimó Contraloría.
Asimismo dijo que no se puede demostrar que el ministro Santelices actuó con "dolo o culpa" ya que según considera el abogado, el órgano contralor tuvo una resolución "novedosa y sorprendente" de acuerdo a lo esperado sería su dictamen.
También
recalcó que la acusación constitucional es un instrumento que se aplica ante una situación "gravísima" y esta vez no se cumpliría con ese criterio. Además enfatizó en que "ninguna mujer se vio afectada por la dictación de este protocolo", es decir, nadie quedó sin ejercer este derecho por causa del protocolo.
"La acusación constitucional no puede ser usada como fiscalización, ni modo de presión", recalcó Correa Sutil ante los diputados que revisan la acusación constitucional en comisión.
Apeló también a que a su consideración, bajo los argumentos presentados en la acusación constitucional, debió haber ejercido contra la ex ministra de Salud de la ex Presidenta Michelle Bachelet, Carmen Castillo.
"Tengo la esperanza de que esto no sea una votación en bloque. Tengo la esperanza de que los diputados del Frente Amplio -impulsores de la acusación- lo voten en contra después de escuchar la defensa", dijo subrayando que los argumentos del líbelo, son "banales".
