Mientras no estén regularizadas por ley, las aplicaciones como Uber y Cabify seguirán siendo objeto de partes por parte de Carabineros.
El Mercurio.
SANTIAGO.- El 6 de octubre de 2016, la ex Presidenta Michelle Bachelet firmó junto al entonces ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo, el proyecto de ley que "moderniza la legislación sobre transporte remunerado de pasajeros", más conocido como "Ley Uber".
La medida fue impulsada luego de las protestas de cientos de taxistas, quienes exigieron a la autoridad que regulara la operación de la aplicación móvil, la cual hasta hoy no cuenta con la misma normativa que aplica para ellos. Vale decir, pago de patente, licencia de conducir profesional y la exigencia de renovación de los vehículos, entre otras.
Por otra parte, el aumento explosivo de usuarios de estas plataformas mostró a la autoridad la necesidad de implementar mejoras en el sistema de transporte de pasajeros, debido a la serie de críticas hacia el servicio ofrecido por los taxis, como la adulteración de taxímetros, la comodidad y el trato hacia los pasajeros, entre otros reproches.
Sin embargo, a un año y ocho meses de que la iniciativa ingresara al Congreso Nacional el pasado 25 de octubre de 2016, ésta aún permanece en primer trámite constitucional en la Comisión de Transportes la Cámara de Diputados, a la espera de que el actual gobierno ingrese nuevas indicaciones que permitan avanzar en su tramitación.
El único avance que registró durante este periodo ocurrió el pasado 4 de enero, cuando dicha instancia aprobó las indicaciones que envió la ex Mandataria al Parlamento, entre las cuales estaba la exigencia de licencia profesional para los conductores de Uber y la creación de un panel que evaluará el número de vehículos que podrán circular, entre otras medidas.
Sin embargo, la instalación del nuevo Gobierno retrasó su avance en la Cámara Baja, algo que podría cambiar a fines de este mes, cuando la
ministra de Transportes, Gloria Hutt, envíe los cambios que La Moneda pretende realizar al proyecto enviado por la administración anterior.
La idea del Ejecutivo es similar a la de Bachelet: Crear igualdad de condiciones entre Uber y taxis. "Claramente los servicios que se entregan por plataformas no tienen las mismas condiciones y requerimientos que se imponen a los servicios registrados", comentó hace unos días la secretaria de Estado.
El incidente del aeropuerto y la espera en la Cámara
El reloj marcaba pocos minutos después de las 00:00 de este miércoles cuando Rodolfo Muñoz Donoso, conductor de Uber, dejó a dos pasajeros en el Aeropuerto Arturo Merino Benitez. En ese instante, efectivos de Carabineros se acercaron hacia su auto para realizar un control vehícular.
Sin embargo, según consta en el parte policial, Donoso intentó eludir la inspección. Ante ello, un uniformado se ubicó frente al móvil y sacó su arma de servicio para evitar su huida: En medio de la tensión, efectuó un disparo que dejó herido al chofer y puso nuevamente el tema de la regulación sobre la mesa.
Al respecto, en la comisión de Transportes de la Cámara Baja esperan que el Gobierno le aplique suma urgencia a la iniciativa, la cual está revisando actualmente el proyecto que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (Cati). Una vez que esta se apruebe, tendría espacio para retomar la discusión sobre Uber.
Así lo señaló a El Mercurio la presidenta de la instancia, la diputada Jenny Álvarez (PS), presidenta de la instancia, quien explicó que las indicaciones del Ejecutivo deberían establecer mayores exigencias a las empresas extranjeras cuyas aplicaciones funcionan en Chile, "como exigir su constitución legal como sociedad aquí".
Asimismo, añadió que las aplicaciones deben contar con un mecanismo de fijación de precios mínimos y máximos que iguale las condiciones de competencia entre los medios de transporte, ya que "mientras un particular solo debe costear el vehículo, los taxistas y colectivos deben costear arriendo de plazas, permisos y otras cosas", señaló.
