SANTIAGO.- El pleno de la Corte Suprema aprobó un protocolo ante casos de acoso sexual con el fin de "erradicar" esta conducta del Poder Judicial y "reconocerla" como una manifestación de violencia de género y "por tanto una violación a los Derechos Humanos, que afecta principalmente y de manera desproporcionada a las mujeres".
Así lo señaló el alto tribunal en un comunicado divulgado esta mañana, donde señala que el documento se llama "Procedimiento de actuación para la prevención, denuncia y tratamiento del acoso sexual en el Poder Judicial chileno".
"Sabemos que no será fácil ya que es una cuestión que requiere un cambio en la cultura que como país debemos asumir. Sin embargo, creemos que es un paso importante para visibilizar estas conductas, dejar de naturalizarlas y erradicarlas del espacio laboral el protocolo en sí mismo es un mecanismo de prevención y considera medidas que permiten dar información a las denunciantes y protección a las víctimas y garantiza un debido proceso", aseguró la ministra Andrea Muñoz, encargada de los asuntos de género del Poder Judicial.
Detalles del protocolo
Según se informó, el protocolo, que entrará en vigencia el 1 de julio de 2018, tiene como finalidad regular la investigación de hechos que pudieran constituir acoso sexual, la imposición de sanciones a las personas responsables, la adopción de medidas eficientes de resguardo a la víctima y las necesarias para evitar la repetición de la conducta reprochada.
Además, el protocolo se refiere específicamente al acoso sexual y a las acciones de hostigamiento laboral que deriven de esa conducta, precisando que pueden denunciar no solo los integrantes del Poder Judicial, "sino que usuarios y usuarias y personas que prestan servicios a la institución, cuando consideren que esta conducta ha sido cometida por alguno de sus integrantes".
"Sabemos que no será fácil ya que es una cuestión que requiere un cambio en la cultura que como país debemos asumir. Sin embargo, creemos que es un paso importante para visibilizar estas conductas"
Andrea Muñoz
Entre las normas especiales para la investigación están las de asegurar la participación de la persona denunciante durante todo el proceso a fin que pueda ejercer sus derechos; así como la de excluir prueba basada en conceptos estereotipados sobre género y prohibir la referida a la vida sexual o afectiva de la persona denunciante, ajena a los hechos investigados.
Según se detalló, el protocolo dispone como principio la diligencia y la celeridad, a fin de evitar la burocratización del proceso, además de los de confidencialidad, imparcialidad y protección a la dignidad e integridad de las personas.
Asimismo establece la posibilidad de implementar medidas cautelares durante la tramitación del procedimiento, y en cuanto a la sanción, establece la mayor jerarquía de la persona como una agravación de su conducta, entre otras, y permite la adopción de medidas reparatorias al momento de imponer la sanción con el fin de restablecer la confianza entre la víctima y la institución.
Según el comunicado de la Corte Suprema, la elaboración de este protocolo forma parte de un conjunto de medidas que el Poder Judicial ha adoptado a partir de un estudio diagnóstico realizado a fines de 2015 y principios de 2016, que reveló que una de cada diez personas habían experimentado o presenciado acoso sexual y que de ellas, sólo el 22% utilizaba alguna vía institucional para denunciar, visibilizando la urgencia de abordar de forma integral este tema.
