SANTIAGO.- Una pareja de hermanos fue declarada culpable por el secuestro extorsivo de una mujer ocurrido en 2016 en la comuna de Huechuraba.
Por el caso, que estaba siendo indagado por la Fiscalía Centro Norte desde marzo de 2016, se había acusado a 12 personas de conformar una asociación ilícita, donde cada uno de los involucrados tenía funciones específicas.
Según lo expuesto ante el 2° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, los secuestros se llevaron a cabo con altos niveles de violencia, donde las víctimas eran trasladadas hasta un sector rural, donde utilizaban sus teléfonos para pedir montos de hasta $50 millones. En total, acusaron tres hechos similares. En uno de estos se pagó mas de $30 millones, señalaron desde el ente persecutor.
Sin embargo, el tribunal solo condenó por uno de ellos y absolvió a tres involucrados, mientras que el resto de los indagados fueron declarados culpables de otros ilícitos, entre ellos robo con intimidación y tenencia ilegal de armas.
Fiscalía: "Este caso estuvo cruzado por reiteradas amenazas"
La resolución no dejó satisfechos a los persecutores del caso. "Este caso estuvo cruzado permanentemente por reiteradas amenazas. No solo a víctimas, sino que también a testigos (..) Una de las víctimas dijo que producto del temor no era capaz de reconocer a los autores de este ilícito", dijo la fiscal de alta complejidad, Carolina Suazo, precisando que esta sí había reconocido a los participantes en su declaración ante la PDI.
Y agregó: "Creemos que también habían elementos para dictar un veredicto condenatorio respecto a los otros ilícitos de secuestro, pero entendemos que el Tribunal dio un tratamiento finalmente como si se trataran de delitos flagrantes donde se exige siempre la comparecencia de las víctimas y sin considerar lo que fue acreditado en el juicio que se refiere a las amenazas que sufrieron las víctimas".
A modo de ejemplo, la persecutora explicó que una de las afectadas que declaró recibió una corona de flores en forma de cruz en su domicilio, mientras que "en el caso de la víctima de iniciales M.F.M, del hecho por el cual efectivamente se condenó, ella hasta antes del juicio oral recibió amenazas por uno de los sujetos que mantiene orden de detención pendiente y por familiares de los sujetos que se encontraban acusados en esa fecha".
En esa línea, señaló que los hechos imputados son "graves" y que "las víctimas describen torturas consistentes en golpes en distintas partes del cuerpo, en uso de alicates para indicar que les van a cortar los dedos, uso de martillos par inferir lesiones y uso de toallas mojadas. En el caso que el tribunal emitió un veredicto condenatorio, quedó establecido, a través de la declaración de la doctora del Servicio Médico Legal, que este tipo de lesiones y de tortura lo había visto únicamente antes en víctimas de la dictadura".
Los involucrados arriesgan penas que van desde los 10 años y un día, hasta los 20 años de privación de libertad, dependiendo del delito por el que se les condenó. En tanto, la Fiscalía esperará tener el fallo del Tribunal para decidir si apelará a la resolución.
