SANTIAGO.- Una vez más, el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, defendió el acuerdo que adoptó con la defensa de los dueños de la empresa Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y el ex subsecretario de Minería Patricio Wagner, por la investigación por el financiamiento irregular de la política.
Este procedimiento abreviado implica eliminar el delito de soborno para los dos primeros, y la recalificación del cohecho para el último, sin tener que cumplir pena efectiva de cárcel. La situación, le costó el rechazo de distintas personalidades y que el diputado socialista Leonardo Soto presentara un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
Una de las críticas más duras las dio el ex persecutor del caso, Carlos Gajardo, quien señaló lamentar "ver como transformaron la Fiscalía en una liquidadora".
Hoy, Guerra nuevamente sostuvo su decisión y señaló que: "Los delitos tienen penas señaladas en la ley. Nosotros podemos especular que las penas son altas, bajas; que nos gustan o no, pero en definitiva tenemos que actuar sobre la base de lo que la ley dispone".
Y agregó: "En este caso consideramos que las penas que pretendemos pedir en los delitos tributarios son las que el ordenamiento jurídico contempla. No podemos pedir las que a nosotros nos gustarían (...) Las penas en delitos de corrupción en Chile por supuesto que son bajas, pero para eso se requeriría modificar la ley y mientras eso no ocurra tenemos que trabajar con la ley que tenemos".
Bajo esa línea, también explicó que la multa de $1.700 millones que deberían pagar los controladores del holding la establece el SII según el perjuicio fiscal y que "nosotros tenemos que acomodarnos a aquello". Pero precisó que esta se suma a los 10 mil millones que ya han pagado, tanto como empresa y personas naturales, en conceptos de impuestos, interés y multas.
Esta reparación la tildó como "bastante grande", y que "ha permitido al Fisco generar recursos por cerca de 20 millones de dólares que no tenían en arcas fiscales".
Juicio Oral
En cuanto al resto de los indagados, Guerra señaló que: "Hemos avanzado con aquellos imputados que se han acercado a conversar y que tenemos acuerdo. Hay otras situaciones que tenemos que también pueden terminar por la vía anticipada, pero tenemos varios casos en los cuales no hay ninguna conversación y probablemente terminemos yendo a juicio oral".
En concreto, señaló que quienes podrían enfrentar este último escenario serían "la personas jurídicas de las empresas Penta, por ejemplo, que también se encuentra formalizada. Tenemos la situación de varios ejecutivos de empresas Penta, y tenemos también situaciones de otros imputados que se encuentran formalizados y con los cuales no hemos tenido ningún avance de alguna conversación".
