SANTIAGO.- Hasta la Corte Suprema llegará el enfrentamiento entre un ex académico de la Universidad Austral y el propio plantel de estudios, luego de que la Corte de Apelaciones de Valdivia comunicara este martes que su desvinculación como sanción a un caso de acoso sexual era "arbitraria" y ordenara revocarla.
Es el caso de Alejandro Yáñez, que fue uno de los que desencadenaron la articulación del movimiento feminista, luego de que el rector del plantel recibiera el resultado de una investigación por acoso sexual y crear ambientes para propiciarlo y resolviera su sanción: trasladarlo desde la Facultad de Ciencias hasta el Laboratorio Costero de Recursos Acuáticos de Calfuco.
La comunidad universitaria fue la primera en ejecutar una toma y denominarla feminista. Tras dos semanas de manifestaciones, incluyendo funas al profesor, a fines de abril el Consejo Académico Extraordinario de la universidad anunció el fin a su contrato, y tanto la Dirección Jurídica de la casa de estudios como la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia respaldaron la decisión, incluso promoviendo que no se le indemnizara.
A más de dos meses de ese día, la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de protección a favor del académico y, en un fallo dividido, consideró la desvinculación como un "actuar arbitrario" de la universidad en su contra, ya que habría recibido una doble sanción por un mismo hecho para "conseguir la benevolencia de aquellos que se encontraban en paro".
Según el tribunal de alzada, la decisión constituye "una amenaza a la garantía constitucional del debido proceso, pues en vez de cumplir la sentencia y exigir su cumplimiento, los involucrados y la comunidad universitaria (...) prefiere desvincular al trabajador por necesidades de la casa de estudios, destrabando su problemática, lo que constituye un abuso de autoridad".
Este jueves, fue la propia casa de estudios la que se manifestó sobre la resolución de la Corte de Apelaciones. El plantel destaca que el fallo "no desacredita el procedimiento de investigación que realizó nuestra universidad ni las conclusiones a las que se arribó, estimando que éste cumplió con las garantías del debido proceso y que, por tanto, no vulnera garantías constitucionales".
"Sin perjuicio de lo anterior, nuestra universidad no concuerda con el razonamiento utilizado por la Ilustrísima Corte para acoger el recurso de protección, razón por la que recurriremos ante la Excelentísima Corte Suprema, buscando el restablecimiento de nuestros derechos", informó la rectoría.
