SANTIAGO.- Durante la tarde de este viernes, el Ministerio de Salud informó que presentó a la Contraloría General de la República un
nuevo reglamento de objeción de conciencia, a 51 días del dictamen que declaró ilegal el protocolo elaborado por el Gobierno de Sebastián Piñera.
En el nuevo documento, clave para el funcionamiento de la ley de despenalización del aborto en tres causales, se "realizaron las modificaciones pertinentes" y se restablece la restricción para ser objetores de conciencia a instituciones privadas que reciben fondos públicos en el área de obstetricia y ginecología, que
se incluía en el primer documento presentado por el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, y que el actual gobierno derogó.
"En virtud de lo ordenado por Contraloría, los establecimientos privados de salud que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del DFL Nº 36 podrán ser objetoras de conciencia siempre y cuando los referidos convenios no contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología", señala el documento.
En ese sentido, desde el Ministerio de Salud aclaran que "los establecimientos públicos tampoco pueden ser objetores". Además, "no podrá discriminarse arbitrariamente a quienes decidan ser objetores o a quienes no decidan serlo".
Asimismo, en el nuevo reglamento se establece que "siempre cuando esté en riesgo inminente la vida de la madre, debe practicarse la interrupción del embarazo, aunque el establecimiento o profesional sea objetor".
En tanto, en el caso de las personas naturales se detalla que se aprobará un formulario, "en el cual deberán manifestar su voluntad de ser objetores", quienes no podrán ser discriminados arbitrariamente, al igual que quienes decidan hacer uso de la ley de aborto, en cualquier de sus tres causales.
