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Fiscalía formaliza a religioso por abusos sexuales reiterados contra menor en colegio de San Miguel

Los abusos habrían ocurrido entre 2007 y 2009 en el colegio Miguel León Prado comenzando cuando el menor tenía 6 años.

03 de Julio de 2018 | 12:02 | Por Tamara Cerna, Emol
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El fiscal Raúl Guzmán.

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SANTIAGO.- Durante esta mañana, la Fiscalía Metropolitana Sur formalizó al religioso marianista José Lara Burgos, por abusos sexuales en calidad de reiterado contra un menor de edad.

Según explicó el fiscal Guillermo Adasme, quien también indaga el caso Maristas con el persecutor metropolitano Sur, Raúl Guzmán, los abusos habrían ocurrido entre 2007 y 2009 en el colegio Miguel León Prado de la comuna de San Miguel, comenzando cuando el menor tenía 6 años.

"Esta es una investigación que se ha realizado hace más de un mes. La diligencia con la que se ha llevado a cabo las actividades investigativa da cuenta de la importancia que tiene para el Ministerio Público esclarecer estos hechos y es por ellos que hoy día estamos formalizando"

Fiscal Guzmán
El religioso, de nacionalidad española, habría cometido una serie de tocaciones mientras se desempeñaba como profesor de talleres extracurriculares. Hace casi un mes, la Congregación entregó los antecedentes al Ministerio Público, siendo Lara suspendido inmediatamente de sus funciones en el establecimiento educacional.

"Esta es una investigación que se ha realizado hace más de un mes. La diligencia con la que se ha llevado a cabo las actividades investigativa da cuenta de la importancia que tiene para el Ministerio Público esclarecer estos hechos y es por ellos que hoy día estamos formalizando", señaló Guzmán.

Ante la posibilidad de que existan otras víctimas, el persecutor agregó que: "Nosotros vamos a analizar la información que se recabe producto de las diligencias investigativas y vamos a recepción se todas aquellas denuncias que cumplan con los requisitos y estándares legales para llevar adelante una investigación".

Tras la exposición de los hechos, el 11° Juzgado de Garantía decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima, además de establecer un plazo de investigación de 180 días.
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