SANTIAGO.- A casi tres meses de haberse anunciado las intenciones de una salida alternativa para los principales indagados en el caso de financiamiento irregular de campañas políticas en Chile, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de procedimiento abreviado acordadado entre las defensas de los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y la Fiscalía Metropolitana Oriente.
El acuerdo implicó el reconocimiento de los hechos y que los empresarios sean condenados por delitos tributarios.
Así lo estableció el magistrado de dicho tribunal, Daniel Aravena, luego de dos días de discusión y la negativa de la Fundación Ciudadano Inteligente (CI) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), quienes participaban como querellante hasta hace unas horas.
La salida de los intervinientes ocurrió luego que la fiscalía reformalizara a los controladores por delitos tributarios, eliminando el delito de cohecho que se les había imputado. Con esto, solo podían presentar acusación los representantes de la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
En esa línea, el fiscal Metropolitano Oriente Manuel Guerra solicitó una pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, la cual será cumplida en libertad; además de pago del perjuicio fiscal fijado por el SII, el cual asciende al monto de más de $1.714 millones, y los cuales se suman a los $10 mil millones que ya han pagado -como empresa y personas naturales- en conceptos de impuestos, interés y multas.
El veredicto será comunicado el 9 de julio.
Al término de la audiencia, el representante de los empresarios, Julián López, indicó que pudieron "demostrar que esas irregularidades tributarias que ocurrieron en al interior de empresas Penta reportaron, ni siquiera el 1%, sino que 0,3% de los impuestos pagados por empresas Penta en este periodo", recalcando que se revisó la contabilidad de las 116 empresas que conforman el holding, en una investigación "a la que no ha sido sometida ninguna otra empresa en Chile".
Y agregó: "La imputación por el delito de cohecho es una imputación que nunca tuvo alguna base en los antecedentes de la investigación", sino que esta se trató de una "interpretación de conductas que jamás tuvieron la significación que de les dio, y el Ministerio Público, haciendo un análisis, llegó a la misma conclusión".
