SANTIAGO.- Fueron más de 637 mil los funcionarios de recintos educacionales fiscalizados por la Superintendencia de Educación. El organismo encontró cuatro casos en 2018: un profesor, un inspector general, un auxiliar y un nochero. Los cuatro fueron separados de sus funciones de inmediato. Todos habían sido condenados por delitos sexuales contra menores.
Así lo informó este miércoles
El Mercurio, luego de que se conocieran los resultados del cruce que realizó la superintendencia entre los RUT de los funcionarios y el registro de inhabilitados para trabajar con menores. A julio de 2018,
la cifra ya igualó la totalidad de los casos encontrados en 2017.
Desde que se creara el registro en 2012, la entidad ha encontrado 71 sancionados contratados en 83 colegios, que se reparten equitativamente entre entidades municipales (40) y subvencionadas (41). También se hallaron dos irregularidades en colegios particulares.
"Existiendo al menos una situación, para nosotros es muy complicada y la catalogamos como un caso crítico. Cuando se detecta el hecho, enviamos el mismo día a un fiscalizador", dijo el superintendente Sebastián Izquierdo a dicho medio.
Para la autoridad, la responsabilidad de chequear el registro es de cada colegio al momento de contratar personal. De ser encontrados en falta, arriesgan multas superiores a $23 millones.
Con respecto al resto de los adultos que tienen contacto con niños en el contexto educativo, como por ejemplo quienes los transportan al colegio, la superintendencia no realiza un monitoreo y apunta a que la obligación de supervisar recae en los padres.
"No ha habido una articulación acuciosa"
Las fiscalizaciones se realizan con frecuencia anual, y aunque la incidencia ha tendido a disminuir con el tiempo (en 2013 fueron 26 los casos), se trata, en palabras de la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, de una falta de eficiencia.
"Esta información sólo viene a ratificar lo que vengo sosteniendo por lo menos hace cuatro años en relación a la ineficiencia y la falta de utilización debida del registro de condenados por delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes", aseguró en conversación con radio Universo.
A su juicio, el mal uso del registro "finalmente termina exponiendo a más niños a ser agredidos sexualmente por personas que, en razón de una sentencia condenatoria, no debieran tener de ninguna manera contacto con ellos".
"Si tienes a un sujeto que ha sido condenado, eso se sostiene en una necesidad manifiesta de mantenerlos alejados de los menores para que no reincidan en esas conductas"
Patricia Muñoz
Pero la ex fiscal además señaló otros aspectos que deben ser revisados con respecto al registro, denunciando "errores persistentes a nivel judicial" al momento resolver este tipo de casos.
El ingreso al registro es una condena que se puede aplicar de manera temporal, si se trata de un delito contra un menor de edad que tenga más de 14 años, por tiempos que van desde los tres años de pena hasta los diez, o de manera perpetua, si se trata de menores de 14 años.
"(Algunos) jueces no aplican esta pena, a pesar de que está dispuesta y es obligatoria por ley. Es un tema que es crítico, porque eso es fallar contra ley (...) y muchas veces cuando la aplican lo hacen erróneamente: con bastante regularidad dan penas temporales cuando debieran ser perpetuas", aseguró.
Por eso, aseguró que la responsabilidad no recae únicamente en los colegios, sino también en los tribunales y el Registro Civil, que debe recibir la información y publicarla, en un proceso que puede tardar hasta un mes.
"No ha habido una articulación suficientemente acuciosa", resumió. "Si tienes a un sujeto que ha sido condenado, eso se sostiene en una necesidad manifiesta de mantenerlos alejados de los menores para que no reincidan en esas conductas".
