Felipe Ignacio González, El Mercurio
SANTIAGO.- En abril de 2016, la muerte de
Lissette Villa, de 11 años, en un centro del Sename, dejó al descubierto la precariedad y maltrato existente en las residencias de la red que acoge a los niños y adolescentes vulnerables. Surgieron estadísticas que provocaron alarma pública. Ese mismo año, la
Cámara de Diputados creó una comisión investigadora y, en octubre, la entonces directora Solange Huerta cifraba en
1.313 las personas fallecidas, menores y mayores de 18 años, en residencias del servicio.
Paralelamente, el Ministerio Público había iniciado lo que hoy se conoce como el caso Sename. Una investigación penal, que encabeza el fiscal regional Marcos Emilfork y reúne víctimas de distintas jurisdicciones.
La Fiscalía Nacional, con su recién inaugurada Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, realizó el jueves y viernes pasado unas jornadas que reunieron a representantes de 18 jurisdicciones del país.
"El objetivo del encuentro fue revisar los casos de torturas y malos tratos en el contexto Sename y entregar lineamientos y criterios comunes para investigar y resolver jurídicamente estas investigaciones, a fin de promover la uniformidad y coherencia institucional en el tratamiento por parte del Ministerio Público", explica el director de la unidad, Luis Torres.
Uno de los primeros criterios generales que acordaron los asistentes a la reunión fue que en estos casos la normativa que deberán utilizar los investigadores es la Ley 20.968, que sanciona delitos de torturas y tratos crueles, vigente desde 2016 y cuya aplicación es aún reciente. "Ese es el ámbito jurídico que vamos a utilizar para estas causas", afirma Torres.
