SANTIAGO.- "Es una preocupación ciudadana que cada vez que se hace una denuncia y el delincuente es aprehendido, si es que lo detienen, termina saliendo por la otra puerta sacándole la lengua a la policía y amenazando a los familiares".
Con el fin de comprobar si es que esta percepción ciudadana se condice con las cifras del Ministerio Público, el diputado y presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana, Iván Flores (DC) solicitó un informe al fiscal nacional, Jorge Abbott.
El documento, al que Emol tuvo acceso, llegó a manos del legislador a mediados de junio.
Según el oficio N°456/2018, entre 2010 y 2017, el Ministerio Público registró 2.443.351 casos en los que solicitó, al menos, una orden de investigar o una instrucción particular a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). De éstas, cerca del 60% de estas recayeron en las distintas brigadas de la policía civil.
En esa línea, el oficio también aborda en qué terminaron estas indagatorias, resultados que, a juicio de distintos miembros de la comisión, constituyen una realidad "preocupante".
Así, el 14% de los casos terminó con una sentencia definitiva condenatoria (381.258); mientras que el 53% de las indagatorias fueron archivadas (1.461.156). Esto, quiere decir que no fueron judicializadas y, por lo tanto, llevadas ante un Tribunal de Garantía.
Este tipo de término, llamado archivo provisional, señala el artículo 167 del Código Procesal Penal, es una facultad que tiene el Ministerio Público en investigaciones donde "no aparecieren antecedentes que permitieren desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos", y que "no se hubiere producido la intervención del juez de Garantía en el procedimiento".
"Son datos que a la primera vista preocupan. Sin embargo, uno no se puede formar un juicio dado la información que ha sido entregado”, indicó Flores, agregando que solicitarán una reunión con Abbott “para poder conversar un poco más, y en extenso, con algunos expertos en esta materia respecto de lo que significan estas cifras”.
También, explicó a Emol, pretenden abordar la razón tras el aumento de denuncias realizadas ante las policías -ya sea porque la gente está recurriendo más la justicia o porque se están cometiendo más ilícitos-.
Y continuó: "Aquí además tenemos algo que revisar y estudiar, y es el criterio discrecional o de oportunidad en la decisión de los fiscales
para archivar".
Cifras que ponen "jaque al sistema penal"
Por su parte, el diputado RN y también miembro de la Comisión, Gonzalo Fuenzalida señaló que las cifras revelan una “falla” en el proceso llevado a cabo por el Ministerio Público y las policías. “En estricto rigor significa que no hay una buena investigación por parte de la Fiscalía, o voluntad de investigar casos donde no hay muchos elementos probatorios que permitan llegar a un avance”, explicó.
Y si bien señaló que el 14% de los casos que terminan con condena se ajusta a la media internacional, precisó que son aquellas archivadas las que ponen “en jaque al sistema penal”, como también la confianza de quienes denuncian.
“Se supone que la unidad de focos delictivos de la Fiscalía se estaría ocupando justamente de esto. Debería ser un trabajo conjunto de
análisis, de patrones comunes, porque quizás un hecho aislado no se sustenta", agregó Fuenzalida.
En tanto, su par en el Frente Amplio, Gael Yeomans, indicó que “esto vendría ser un antecedente más que nos indica que es necesario poder especializar aún más nuestras instituciones que están involucradas en
la persecución de delitos y también, en términos genéricos, de la seguridad pública”.
En línea con Flores, la diputada también consideró que es necesario tener más detalles de los antecedentes para ver las razones tras la
decisión de archivar las causas.
Sin embargo, adelantó: “Una de ellas, que nos ha llamado la atención, tiene que ver con el contenido de las constancias y partes de denuncias que constata Carabineros en donde la ambigüedad que (estas) contienen dificultan la posibilidad de perseguirlas y que finalmente puedan llevarse a un procedimiento judicial”.
En cuanto a los casos con una salida judicial, detalla el oficio, el 2,5% de los casos terminó con un acuerdo reparatorio, en 6,3% se decretó la facultad para no investigar, mientras que en un 3,9% hubo un sobreseimiento definitivo.
