SANTIAGO.- "Las víctimas eran menores de edad con inexperiencia sexual". Ese, a juicio del fiscal,
Emiliano Arias, persecutor a cargo de la investigación en contra del ex canciller del Arzobispado de Santiago,
Óscar Muñoz, habría sido parte del perfil de las personas que el presbítero habría abusado.
Los vínculos de confianza que éste habría generado con los, al menos, cinco menores que aparecen como víctimas en la acusación del Ministerio Público, habría sido clave para que el sacerdote perpetrara sus vejámenes. Y es que, relató Arias, los abusados habrían sido atacados sexualmente por el religioso mientras se encontraban al cuidado de éste.
Lo anterior, es parte de la declaraciones entregadas por el persecutor durante la mañana del viernes, tras la audiencia de formalización por los delitos de abusos sexuales reiterados a menores y estupro, que pesan en contra de Muñoz, a quien se le decretó la medida cautelar de prisión preventiva al interior del módulo 1 de la cárcel de Rancagua durante los 180 días que dure la investigación.
Las alarmas sonaron el jueves al interior del Arzobispado liderado por el cardenal Ricardo Ezzati, cuando una comitiva integrada por el fiscal Arias y personal del OS-9 de Carabineros llegaron para allanar y así poder recopilar mayores antecedentes en contra del prelado. La diligencia terminó con la detención de Muñoz.
El ex canciller del Arzobispado, además de la indagatoria que está desarrollando la fiscalía, de forma paralela enfrenta un proceso canónico por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe en la Santa Sede. Esto, luego de que en enero se autodenunciara por vejámenes, según señaló su abogado, Gabriel Henríquez, contra dos menores. El hecho lo llevó a dar un paso al costado de su puesto como canciller.
La detención de Muñoz es la primera acción penal en contra de un sacerdote desde que el Papa Francisco visitó Chile, y según manifestaron desde la Conferencia Episcopal, hace varios años que no ocurría una situación similar en el país, mucho menos, en contra de un religioso de tal alto cargo.
Fernando Karadima fue sólo condenado por el Vaticano, debido a que sus delitos estaban prescritos en la investigación de la ministra en visita Jessica González. La magistrado lo sobreseyó, pero acreditó las denuncias en su contra.
Vínculos con supuesta destrucción de archivos
La posición que tenía Muñoz al momento de perpetrar algunos de sus supuestos abusos -los cuales datarían desde 2002 hasta marzo de 2018-, es precisamente el punto más preocupante a juicio del teólogo y doctor en filosofía de la Universidad de Chile, Álvaro Ramis.
"No es solo un sacerdote. Es un canciller del Arzobispado", lo que le permitía, entre otras cosas, "recibir las denuncias (por abusos) y generar archivos. Es un caso sumamente grave", sostuvo.
Misma impresión es la que expresó el abogado y vocero de la fundación Voces Católicas, Alejandro Álvarez, quien señaló que "no puede ser que una persona que ocupó un alto cargo en la Iglesia, más aún, que era quien recibía denuncias de otras personas, haya cometido esta bajeza".
Incluso Ramis fue más allá, y vinculó el rol de Muñoz al interior de la Iglesia chilena con la carta que envió en abril el Papa Francisco a los obispos nacionales, específicamente en la parte que el Sumo Pontífice hace referencia a la "destrucción de archivos comprometedores" que darían cuenta de abusos. "Entonces, ahí uno puede unir esta relación", comentó.
"Ahí hay un vínculo que uno puede decir 'bueno, entonces el Papa ya estaba en conocimiento de que aquí hubo un manejo irregular de los archivos del Arzobispado de Santiago. Obviamente la persona que era encargada de ese archivo era él (Muñoz). Ese es el vínculo. Hay una situación directa", afirmó.
"Ahí hay un vínculo que uno puede decir 'bueno, entonces el Papa ya estaba en conocimiento de que aquí hubo un manejo irregular de los archivos del Arzobispado de Santiago. Obviamente la persona que era encargada de ese archivo era él (Muñoz). Ese es el vínculo. Hay una situación directa".
Álvaro Ramis
Entonces, continuó, el imputado "era la peor persona en el cargo que tenía que establecer".
¿Encubrimiento?
Considerando que las primeras denuncias en contra de Muñoz, según investiga el Ministerio Público, podrían haber llegado a manos de la Iglesia hace más de una década, el fiscal Arias no descartó que en el caso pueda existir el delito de encubrimiento o complicidad.
"Mi posición es que aquí tiene que caer caiga quien caiga. Es decir, sea quien sea el que tenga responsabilidad, tiene que asumir. Las responsabilidades son personales, no de la Iglesia. Para los católicos es una situación vergonzosa e indignante. Sabíamos que iban a salir cosas, pero de este nivel, la verdad es que produce un desencanto profundo", enfatizó Álvarez.
"Sabíamos que iban a salir cosas, pero de este nivel, la verdad es que produce un desencanto profundo
Alejandro Álvarez
Y continuó: "
Quien haya ocultado información respecto a estos graves hechos, es responsable y tiene que responder frente a la justicia".
En tanto, Ramis, indicó que no hay cómo saber si las autoridades del Arzobispado de Santiago en su momento tenían o no conocimiento de las prácticas en las que Muñoz habría incurrido. "Lo que sí podría haber existido es dolo a la hora de no haber fiscalizado mejor este cargo tan importante respecto a la situación, debido a que los casos no avanzaban. Justamente ahí había una traba administrativa que tenía que ser subsanada", manifestó.
Seguido de ello, explicó que pese a que la presunción de inocencia siempre debe primar, el principal error en que pudieron haber incurrido las autoridades eclesiales, si es que efectivamente estaban al tanto de las acusaciones en contra de Muñoz, fue haberlo mantenido como canciller del Arzobispado.
"Justamente en un cargo tan delicado donde está ligado directamente al manejo de información de denuncias, las cuales podrían haber sido justamente en contra de él. Ahí hay una responsabilidad de mantenerlo en el puesto", recalcó el teólogo.
Mientras que la teóloga de la Universidad Católica, Claudia Leal, sostuvo que, en caso de que el Ministerio Público logre comprobar que las denuncias estaban en conocimiento de la Iglesia desde 2002, "se configura el delito de encubrimiento".
"Eso es innegable. Ahora, primero la fiscalía tiene que indagar y comprobar si eso es así. En ese caso, cualquier autoridad bajo la que este sacerdote haya ejercido su rol, tiene responsabilidad", concluyó.
