SANTIAGO.- Durante la tarde de este martes, la
Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de queja presentado por el Consejo de Defensa del Estado, tras ser excluido del caso Penta, luego de que la Fiscalía desestimara la imputación por cohecho.
La ofensiva, presentada por el CDE para impugnar la decisión del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, que acogió la solicitud del Ministerio Público e inició el procedimiento abreviado para Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dejándolo fuera de la causa como interviniente, fue desestimada en fallo dividido por los ministros de la Primera Sala del tribunal de alzada.
Lo anterior, luego de que la Corte descartara la falta o abuso grave del magistrado, tras establecer que "la decisión impugnada no pone término al proceso, pudiendo el CDE presentar un recurso de apelación ordinario en la causa".
En ese sentido, el fallo sostiene que "uno de los elementos de análisis de la admisibilidad de un recurso de queja, de acuerdo con el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, se sostiene en determinar si la falta o abuso que se denuncia, fue cometido en la dictación de una sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación o definitiva, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario".
Asimismo, la resolución agrega que "al considerarse que las resoluciones que se sindican como faltas y abusos graves cometidos por el señor Juez, don Daniel Aravena Pérez, eran susceptibles de un recurso ordinario, el arbitrio en análisis no resulta procedente"
La determinación que el 8° Juzgado de Garantía de Santiago tomó el miércoles 4 de julio se tradujo en la reformalización de los controladores por delitos tributarios, eliminando el delito de cohecho que se les había imputado en un comienzo.
En ese sentido, finalmente el tribunal condenó a los controladores de Penta al pago de $1.700 millones y a cuatro años de libertad vigilada por delitos tributarios, mientras que el exsubsecretario de Minería Pablo Wagner quedó en libertad tras ser condenado por delitos tributarios e incremento patrimonial injustificado.
