SANTIAGO.- La propuesta de "salida de nuestro país del Pacto de Bogotá, conocido como el Tratado Americano de Solución Pacífica de las Controversias de 1948 (…) siendo legítima, resulta en esta etapa inoportuna".
De esta forma, los ex embajadores Nelson Hadad y Samuel Fernández, el ex miembro de Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, Hugo Llanos Mansilla, y el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros Marín, parten una columna de opinión donde platean que dicho debate debe darse una vez que concluyan los litigios que la nación sostiene con Bolivia en la Corte Internacional de Justicia.
"Un debate nacional abierto y democrático sobre el tema deberá tener lugar después de conocidos los contenidos e implicancias jurídicas del fallo. Nos parece un grave error y una pésima señal a la Corte, que se encuentra en la etapa de deliberación previa a la dictación de la sentencia, promover ahora una discusión pública al respecto", sostienen.
"Debe considerarse, además, que Chile es actual demandante contra Bolivia en el juicio sobre el Silala, a fin de acreditar que se trata de un río transfronterizo conforme al Derecho Internacional, lo que le permite hacer un uso equitativo y razonable de sus aguas. Ello después de recibir reiteradas amenazas de Bolivia de interponer demandas compensatorias ante la Corte a su respecto", agregan.
Los firmantes, quienes además ejercer la cátedra de derecho en distintas universidades, también recuerdan que el retiro del Pacto de Bogotá no produce efectos "ipso facto" o de inmediato.
"Debe transcurrir un plazo de un año desde la fecha de su denuncia para dejar de producir sus efectos legales, y ciertamente podría precipitar demandas de cualquier naturaleza", sostienen.
A su juico, abandonar el Pacto, siendo Chile un "Estado fundador de Naciones Unidas, y habiéndose desempeñado como miembro no permanente de su Consejo de Seguridad, sería enviar una señal equívoca a la comunidad internacional, y en especial a América Latina, con el consiguiente deterioro de su imagen externa como un país que no logra resolver sus diferencias por las diversas vías pacíficas que ofrece el Derecho Internacional y honrar de buena fe los tratados vigentes".
La opinión de los juristas en El Mercurio de hoy.
