SANTIAGO.- Sin dar un segundo a la duda, la respuesta de distintos profesionales que conocen la realidad de los infractores menores de 14 años es la misma: disminuir la edad de imputabilidad no es una solución y los programas de prevención no están a la altura.
El debate en torno a lo anterior ha tomado especial urgencia producto de dos eventos ocurridos esta semana y los cuales implicaron a niños de entre 8 y 13 años en presuntos casos de violación y abuso sexual. Por su edad, no pueden ser sometidos a un proceso penal.
En uno de los casos, Carabineros atrapó en flagrancia al adolescente de 13 años. Para enfrentar su situación, y la de cualquier inimputable, la policía debe contactarse con el juez de Familia competente que esté de turno, el cual suele dejarlo a cargo de un adulto responsable. De no hallarse este, el menor puede ser ingresado temporalmente a una residencia.
Posteriormente, se le citará junto a sus padres ante este tipo de tribunal, donde se le ordenará la asistencia a un programa de intervención para menores vulnerados en sus derechos, que por lo general recae en el Sename.
"Estimo que estos son absolutamente insuficientes, de poca calidad y de poca frecuencia. Porque si bien hay algunos profesionales que tienen un desempeño abnegado, se les paga poco, hay una altísima rotación y no se hacen estudios serios de los resultados. Para esto hay que trabajar con un equipo de mucha experiencia, multidisciplinario, que trabaje con estos niños y genere vínculos estables", explicó a Emol la jueza de Familia, Luisa Hernández, agregando que muchos de los profesionales aún son muy jóvenes.
Así también, indicó que: “No puede ser que estos niños no tengan una atención buena y preferente en todo el sistema, también en salud y educación. La mayoría de ellos necesita atención psicológica y psiquiátrica, no tienen ninguna preferencia en esas atenciones".
En búsqueda de una identidad
Según explicó la directora del Centro de Familia y Comunidad de la UTEM, Julia Cerda, lo menores entre 8 y 13 años se encuentran en la etapa de preadolescencia.
"La aparición de este tipo de conductas se asocia mucho a pobreza o marginación, pero también hay factores de tipo social, cultural, familiar, individual; como una enfermedad. Aquí hablamos de chicos de diferentes estratos que van a tener la posibilidad de ejecutar conductas que van contra la norma", indicó Cerda, destacando también la incidencia que tienen los medios tecnológicos y de comunicación en el desarrollo de identidad.
Y agregó: "Seguimos aplicando los mismos informes para ver discernimiento ético o moral, cuando estamos en un escenario diferente. Todo el contexto del entorno ha ido cambiando, mientras que las generaciones van heredando las mismas pautas crianza".
En esa línea, los programas a los que se derivan este este tipo de infractores "trabajan en varios ámbitos, porque la mayoría de ellos tiene a veces consumo de drogas, y deserción escolar (...) pero también empiezan porque los niños comienzan a valorar los grupos de pares, debido a su etapa de desarrollo y más aún, ante la falta de una familia sanamente contenedora", dijo por su parte Hernández.
Esto último fue relevante para el gerente de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez, quien resaltó el hecho que las últimas agresiones hayan ocurrido en grupo: "En general, el adolescente no suele estar pensando si lo van a atrapar y condenar como el adulto, sino que se preocupa de elementos que configuran su identidad grupal. La violencia involucrada es la forma de demostrar que eres fiel a la banda".
Obstáculos
Una de las principales trabas en la recuperación de los menores la constituyen sus propios padres, comentó la magistrada. "Ellos también han sido rechazados y maltratados por la sociedad, y no creen en estas intervenciones. Muchas veces no validan a los profesionales, pues los observan más jóvenes que ellos, y mirados desde otra cultura. Son personas que tienen múltiples y complejos factores de carencia socio económica; se trata de diversas problemáticas que un solo profesional no puede atender”.
Incluso, "a una misma familia se le manda a muchas intervenciones y no tienen recursos para asistir a diversos lugares. Además los profesionales que intervienen no se comunican oportunamente entre sí con la frecuencia que uno esperaría. ¿Qué es lo que al final hacemos? Desmembramos a la familia en vez de unirla y fortalecerla".
Pese al escenario, la abogada reconoce que sí hay casos donde la intervención da frutos. Esto, "siempre que haya familia o redes sociales estables, ya sea el profesor, el vecino, un amigo que se comprometa con el niño efectivamente y genere límites sin dañar".
Prevención e inimputabilidad
De acuerdo a los primeros antecedentes entregados por Carabineros por el caso ocurrido en Pudahuel, la víctima, de 8 años habría sido aborda por otros tres menores y obligada a ir hasta una sede vecinal abandonada.
Ante esto, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz indicó que "Aquí hay cuatro víctimas: ellos de la incompetencia del sistema y la víctima principal. El Estado pone énfasis en medidas sensacionalistas ligadas a bajar la edad (de imputabilidad) o endurecer las penas, pero en el fondo debe atender a la obligación que ha adquirido en el ámbito de justicia juvenil", agregando que "tenemos que profundizar en las alertas que tienen que darnos de los potenciales riesgos de los niño".
14años es la edad a la que se reconoce la responsabilidad penal de un infractor.
Por su parte, la magistrada titular de 1° Juzgado de Familia, consideró "lamentable" la opción de bajar la edad y explicó que "si se trabajara en la primera infancia vulnerable, con muchos recursos, con buenos psiquiatras, con buenos colegios, disminuiría la población penal, como pasa en otros países. La rebaja en la edad de la responsabilidad penal juvenil, no va a evitar estas conductas, las que comienzan incluso mucho antes (...) llama la atención que la Reforma Procesal Penal tuvo más financiamiento que la de Familia, en circunstancias que los casos que debieran tener prioridad, están en esta otra sede”.
Y concluyó: "Considero honestamente que se llega tarde a los 14 años. Y aunque lo rebajen a los 12 llegamos tarde igual, porque los niños ligados a conductas de infracción de ley empiezan a vincularse a éstas incluso a los 8 años de edad (...) Se les debe pedir perdón por no haberlos ayudado antes y llegar tarde a sus vidas. Esta clase de niños debiera ser ayudado, no sancionado".
