SANTIAGO.- Mediante seguimientos y escuchas telefónicas, la policía civil concretó la detención de uno de los principales narcotraficantes de San Ramón y quien además poseía vínculos con la municipalidad de dicha comuna. A través de este mismo medio, se obtuvo evidencia en el caso Luchsinger Mackay y en uno sobre de trata de inmigrantes en la zona occidente de Santiago.
Y si bien la pertinencia o eficacia de la utilización de la técnica ha sido criticada a lo largo del tiempo -y en especial a raíz de algunos casos de violencia rural en el sur-, esta sigue siendo la principal medida intrusiva utilizada en el país.
Según detalla la información obtenida por Transparencia desde Poder Judicial, entre enero de 2014 y marzo de este año los tribunales de Garantía otorgaron 40.896 medidas instrusivas, alcanzando un promedio de 20 diarias. Casi la mitad de ellas, la ocupan las interceptaciones de comunicaciones, con 19.940 casos.
"Las diligencias de investigación intrusiva son aquellas que afectan los derechos garantizados por al Constitución: al de intimidad o la inviolabilidad del hogar u oficina. Es por esto que la ley establece su procedencia solo cuando el Ministerio Público justifique debidamente su uso", explicó a Emol el abogado penalista y profesor UC, Cristóbal Bonacic.
Para su solicitud y posterior otorgamiento, señaló el docente, "debe existir el temor fundado que, de pedirse la información voluntariamente, esta pudiese ser quemada o escondida".
Así también, el penalista de la U. de Chile, Ramón Sepúlveda, destacó la importancia de presentar antecedentes que determinen la existencia de un posible delito y que este tenga pena de crimen, "es decir, se puede pedir siempre y cuando se esté investigando un hecho con pena superior a los cinco años".
Diez "pinchazos" al día
A comienzos de este año, El Mercurio señaló, en base a datos enviados por el Ministerio Público, que el ente persecutor realiza un promedio de 50 solicitudes de "pinchazos" al día. La cifra, se aleja ampliamente de las casi diez que finalmente son otorgadas.
Ante esto, Bonacic, afirmó: "No se si exista un abuso por parte de la Fiscalía, pero sí que la ley faculta al juez de Garantía para ponderar la conveniencia de una diligencia que afecta el derecho de la integridad de una persona. Si esta tiene estricta relación con la investigación, se dará. Si no, no".
Por su parte, Sepúlveda aseguró que los tribunales tienen un desafío en esta materia. "Lo óptimo sería que se pueda evaluar y ponderar de manera más profunda los antecedentes (...) que los jueces de Garantía pongan un peso importante en que fiscales tengan que justificar no solo la potencial existencia del delito y la necesidad de la medida, porque evidentemente no pueden haber estas técnicas en todos los casos".
19.940Interceptaciones telefónicas han sido autorizadas entre 2014 y mayo de este año.
En esa línea, el abogado propuso elevar los estándares de discusión de esta solicitud y evaluar la eficacia de estas. "Si tienes medidas intrusivas que hacen que una investigación en un inicio tenga mayores antecedentes, pero luego los imputados son absueltos en el juicio, queda en evidencia lo infundadas que estas eran", agregó.
De acuerdo a la información publicada por el medio citado, la mayoría de las solicitudes de "pinchazos" ocurren en el contexto de indagatorias por la Ley de Drogas.
En base a esto, el capitán y vocero del OS-7 de Carabineros, Alejandro Molt, explicó que aquellos dedicados al tráfico de drogas están cada vez más conscientes del uso de esta técnica. "La experiencia nos ha permitido observar que, así como evolucionan las técnicas investigativas, también lo han hecho los delincuentes cuando hablan por teléfono o usan redes sociales que también pueden ser interceptadas", agregando que muchos de estos "hablan en clave" y usan seudónimos, con el fin de no dejar en evidencia la transacción o coordinación.
De hecho, el OS-7 debió trabajar con un traductor para descifrar los mensajes que se enviaban en griego unos narcos en el norte.
"Por eso el trabajo siempre debe complementarse con otras evidencias. Lo obtenido con esta técnica no puede ser el único medio de prueba que se presente con el fin de condenar a una persona", concluyó Molt.
A las interceptaciones, le siguen la incautación de objetos y documentos (5.491), entrega de copias de comunicaciones o transmisiones (5.065), entrada y registro en lugares cerrados (3.641) y el levantamiento del secreto bancario (3.373).
Entrada y registro en lugares especiales
La sexta medida intrusiva mayormente aplicada en Chile es la de entrada y registro en lugares especiales, los cuales aluden a recintos religiosos, militares o aquellos en que trabajaren alguna autoridad pública. El lugar lo ocupa 1.165 casos en casi cuatro años y medio.
Estos casos exigen un trato particular: el fiscal deberá oficiar previamente a la autoridad o persona a cuyo cargo estuvieren con al menos 48 horas de anticipación, con el fin que la autoridad reúna voluntariamente los antecedentes.
Sin embargo, la ley reconoce que hay casos en los que podría afectarse la diligencia. De hecho, la entrada que hubo a la diócesis de Rancagua y al Tribunal Eclesiástico hace casi un mes fue sin previa notificación.
Sobre esto, indicó Bonacic, "si se tiene temor que la institución, grupo, Iglesia, o lo que sea, está actuando de manera corporativa, se puede poner este antecedente en conocimiento del tribunal a fin de no frustrar el caso".
En menor medida, la justicia también ha accedido otras técnicas intrusivas, como medidas de vigilancia (452) y la entrada y registro en locales consulares (194).
