SANTIAGO.- Tres de los diez diputados que firmaron la solicitud de destitución del fiscal nacional, Jorge Abbott, habrían solicitado reunirse en privado con el persecutor previamente.
Así lo aseguró su abogado defensor, Luis Bates, quien acompañó esta mañana a Abbott hasta la Corte Suprema para presentar sus descargos, los cuales, agregó, responden punto por punto cada una de las críticas que algunos parlamentarios del Frente Amplio, PPD, PS, PC y el PRO consideraron como razón suficiente para su remoción en el cargo.
Uno de los argumentos alude a que "todo lo que ha hecho el fiscal nacional se ha hecho a luz pública, de manera transparente (...) El fiscal nacional ha tenido en esta línea invariable y dándole cabida a todos, cualquiera que sea el color políticos de las personas que piden sus audiencias. De los requirentes, los que le están pidiendo al destitución, hay tres de ellos que habían venido a pedir audiencia en otras oportunidades para otros motivos".
Dentro de las críticas de los parlamentarios, está la intervención que Abbott habría tenido en el caso Penta, donde se inhabilitó
por su parentesco con su primero hermano, y entonces presidente del directorio del holding, Alfredo Moreno Charme.
Pese a esto, sostuvieron los legisladores, Abbott se reunió con el ex senador -y actual ministro de Justicia- Hernán Larraín para discutir sobre el caso y, 28 días después, señalaron, el fiscal
metropolitano Oriente, Manuel Guerra, acordó un procedimiento abreviado
con la defensa de Iván Moreira.
Según Bates, los descargos del fiscal explican que cada una de las citas, ya sea con parlamentarios o abogados, han sido al amparo de la ley de Lobby. Así, indicó que en cada reunión solicitada se debe explicitar el motivo de esta y a quién se representa: "Aquí hay transparencia absoluta y de todos los colores políticos".
Otra de las críticas que pesa sobre el jefe del ente persecutor aluden a su última cuenta pública, donde pidió a los fiscales ser "diligentes" en causas que involucren a "representantes de elección popular", indicando que "nuestras decisiones pueden impactar el funcionamiento de otras
instituciones".
Efectos de la solicitud
La solicitud, presentada ante la Suprema el 10 de julio, es inédita. Previamente, se había iniciado un proceso similar, pero contra con fiscal regional.
Es por esto que, a juicio de Bates, sus implicancias son "importantes", independiente del resultado que tenga.
"Se produce un efecto de socavar las instituciones, de destruir a la persona del fiscal nacional que tiene una trayectoria increíble de honestidad, y produce esos efectos en la opinión pública según se resuelva de una manera u otra", señaló, agregando que, "no hay elemento alguno para acoger, esta es nuestra apreciación, esta solicitud".
Lo anterior, ya que "estamos convencidos de que lo se ha complementado en
materia de antecedentes omitidos, más las argumentaciones (...) demuestran la diligencia con la que el
fiscal ha ejercido su función durante estos años".
Así también, el abogado indicó que pidieron a la Corte rechazar la petición de llamar a declarar a los fiscales regionales que aparece en el documento presentado por los parlamentarios.
"En el fondo es socavar la institución, sobre todo cuando se pide que declaren un fiscal que nada ha tenido que ver con estos hechos. Es pedir conmover a la institución entera, y sobre todo a la autoridad que tiene un fiscal nacional de acuerdo la ley para ejercer su cargo".
Presentados los descargos, el procedimiento avanzará a una etapa probatoria y de alegatos, para luego dar lugar a que los ministros resuelvan.
