SANTIAGO.- Seis de los siete condenados por crímenes de lesa humanidad que fueron beneficiados con la libertad condicional esta semana estaban recluidos en el penal Punta Peuco.
Las resoluciones no estuvieron exentas de críticas: la senadora Isabel Allende tildó de "vergonzosa" la situación, y la diputada Carmen Hertz indicó que el otorgamiento "establece la fórmula de impunidad".
Incluso la agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos llegó hasta el frontis de la Corte Suprema para manifestar su rechazo y no descartó recurrir a instancias internacionales.
Sin embargo, aún quedan más de setenta casos cuyo futuro se mantiene en suspenso.
De acuerdo a Raúl Meza, abogado que representa a gran parte de los presos del penal destinado a ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad, en marzo presentaron 74 solicitudes para que la pena del mismo número de internos se cumpla con arresto domiciliario.
Estas peticiones, basadas en la avanzada edad o deteriorado estado de salud de los presos, fueron llevadas ante el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza.
Además, indicó, otros cuatro enfermos crónicos pidieron el indulto presidencial, el cual está siendo visado por el Ministerio de Justicia.
En esa línea, el abogado agregó que Carroza ordenó al Servicio Médico Legal el envío de la ficha clínica de todos ex uniformados que solicitan la conmutación de la pena, particularmente aquel que refiere sobre su estado mental.
"Este último es un tema muy relevante ya que podrían salir en libertad con arrestado domiciliario 70 internos de Punta Peuco y con el reciente precedente judicial de la Segunda Sala de la Suprema, el ministro Carroza podría adoptar la misma decisión", indicó Meza, añadiendo que estos deberían definirse en los próximos días.
