El texto, que fue entregado a cancillería con el fin de que esta envíe el oficio a través de la vía diplomática a la Santa Sede, contiene tres requerimientos que se pedirá por medio el procedimiento denominado
, el cual consiste en la solicitud de colaboración de un Estado a otro a fin de poder resolver diferentes aspectos en procesos judiciales.
La petición de Abbott insta a que se entregue información referente a nueve personas investigadas por los fiscales regionales de Vaparaíso, Pablo Gómez, de La Araucanía, Cristián Paredes y Metropolitana Sur, Raúl Guzmán. Lo solicitado por este último serían los antecedentes contenidos al interior del denominado "Informe Scicluna".
Este documento fue confeccionado por los enviados especiales del Papa Francisco a Chile: el obispo de Malta, moseñor Charles Scicluna y el sacerdote español monseñor Jordi Bertomeu. Contiene 64 testimonios relacionados a casos de presuntos abusos sexuales perpetrados por personas ligadas a la institución eclesial. El informe será pedido en forma íntegra, según aseguró el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Uciex) de la Fiscalía Nacional, Antonio Segovia. "Las respuestas las esperamos a la brevedad posible", comentó, para luego aclarar que el Vaticano no tiene plazo para entregar su resolución.
Desde la Conferencia Episcopal, ya habían anticipado que en caso de que se concrete la entrega del "Informe Scicluna", ello constituiría
un "grave daño" para las personas que pidieron que sus testimonios se mantengan bajo reserva. "El Papa es el único destinario de este informe", enfatizaron desde el episcopado.
Luego del envío los requerimientos al Ministerio de Relaciones Exteriores para que éstos sean despachados a la Santa Sede, desde la fiscalía no descartaron solicitar a Roma nueva información en el futuro.
Una nueva eventual petición podría tener que ver con lo sucedido a principios de mayo, cuando los obispos de Chile se encontraban reunidos con Papa Francisco en Roma para abordar la crisis de la curia nacional. Y es que en esa instancia, una carta entregada por el Sumo Pontífice a los presbíteros reveló una acusación que hoy es objeto de investigación por parte del Ministerio Público.
Francisco reconoció por medio de su misiva la "destrucción de documentos comprometedores por parte de encargados de archivos eclesiásticos", registros que podrían contener información relevante respecto a casos de presuntos abusos al interior de la Iglesia chilena.
Esa es la hipótesis del fiscal Emiliano Arias, a cargo de algunas indagaciones contra miembros de la institución eclesial, quien afirmó que el hecho pudo haber significado el destrozo de antecedentes "de delitos sexuales en relación a un encubrimiento".
"Eso es algo a lo cual ya se refirió el Papa y es materia de investigación y en relación a eso, ahora falta determinar quién destruyó específicamente y en concreto tales antecedentes y cuál es la participación de esta persona", explicó el persecutor hace algunos días.
Para ello, Arias no descartó enviar un exhorto al Vaticano -el cual es tramitado por la Corte Suprema y derivado, en este caso, a su par de la Santa Sede-, con el fin de que el líder de la Iglesia Católica pueda prestar testimonio referente a qué antecedentes son los que maneja para aseverar que efectivamente existió la mencionada destrucción de archivos.
Consultado por Emol al respecto en el marco de la asamblea plenaria extraordinaria que están llevando a cabo los obispos del país en Punta de Tralca, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Fernando Ramos, sostuvo que dicho exhorto "está dentro de las posibilidades" que tiene el Ministerio Público, y agregó que "la Santa Sede también lo ha abierto como posibilidad".
"En el pasado también se ha hecho y la Santa Sede también ha respondido", recalcó el obispo y administrador apostólico de Rancagua,
Otras peticiones y respuestas del Vaticano
En Chile, tal como lo señaló el obispo Ramos, existen efectivamente antecedentes referentes solicitudes de colaboración por la justicia civil a la Santa Sede, los cuales fueron respondidos, eso sí, de forma negativa.
El 2015, la Corte Suprema visó una carta rogatoria dirigida al Vaticano para que el Papa Francisco hiciera entrega de los datos que terminaron exculpando al entonces obispo de Osorno Juan Barros, descartando este último haya tenido un rol encubrir respecto a los abusos perpetrados por el ex párroco de El Bosque Fernando Karadima.
Pasado alrededor de un año, la Santa Sede informó al Ministerio de Relaciones Exteriores su decisión de rechazar el exhorto requerido por el máximo tribunal. El abogado de las víctimas de Karadima, Juan Pablo Hermosilla -quien solicitó la diligencia-, aseguró en ese entonces que la decisión adoptada por el Vaticano "refleja la actitud que ha tenido siempre la Iglesia frente a estos conflictos, es decir, no reconocer su responsabilidad y hacen todo lo posible por encubrirlos".
Pero aquella no fue la única vez que la Corte Suprema envió una carta rogatoria al Vaticano para solicitar información referente a la causa en torno a Karadima
El año 2011, la ministra en visita a cargo del caso, Jéssica González, solicitó un exhorto para que se le entregase el expediente eclesiástico que llevó a la condena canónica en contra del ex párroco a una vida de oración por los delitos sexuales cometidos en contra de menores, luego de que el Arzobispado de Santiago denegara dicha carpeta argumentando que el Vaticano es un Estado independiente, por lo que ese tipo de solicitudes deben manejarse de Estado a Estado.
Así, la petición fue visada en abril de ese año por la Corte Suprema para ser enviada a la Santa Sede. Meses después el Vaticano respondió de forma negativa al requerimiento.
Escenario actual
Pese al historial de peticiones fallidas, el escenario actual según expertos canonistas, podría abrir una posibilidad de una respuesta favorable de parte del Papa esta vez. Aunque aseguran que la factibilidad de lo solicitado, sobre todo lo referente al Informe Scicluna, es una tarea compleja.
Cuando Scicluna y Bertomeu arribaron por segunda vez al país en junio, sostuvieron un encuentro con el fiscal nacional, Jorge Abbott y otros persecutores a cargo de causas contra miembros de la Iglesia. Tras la reunión, se anunció la intención por ambas partes de establecer de ahí a futuro una cooperación mutua entre el la justicia civil chilena y la justicia canónica, dando de esta forma chances para que desde el Vaticano estén dispuestos a entregar información referente a procesos judiciales eclesiásticos.
La traba, según han sostenido los canonistas, sigue siendo la misma que esgrimió el Vaticano para rechazar las peticiones anteriores derivadas desde Chile: el secreto pontificio. Este es una facultad que se ofrece en investigaciones canónicas, las cuales se rigen por las normas legales de la jurisdicción del Vaticano, y busca garantizar confidencialidad para las personas que prestan testimonio.
Dicho secreto solo puede ser levantado por el Papa. Por eso, afirman los entendidos, la forma más factible para acceder a la información íntegra contenida en los archivos del Vaticano es que las personas que han optado por acercarse a la justicia canónica y no a la civil, decidan dar testimonio en esta última.
