SANTIAGO.- Durante este jueves, la ex subsecretaria y ex directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries se refirió a la decisión de la Corte Suprema, de acoger los recursos de amparo presentados por las defensas de cuatro reos de Punta Peuco y el de un ex carabinero, otorgándoles el beneficio de libertad condicional.
Fries aseguró en radio Cooperativa que pese a que efectivamente la resolución de la Suprema está dentro de los márgenes legales, "la situación es grave, pero no es algo nuevo, esto viene pasando hace ya tiempo. Hay más de 15 personas que ya tienen libertad condicional y que han sido condenados por crímenes de lesa humanidad".
En esa línea, la ex titular del INDH enfatizó en que la diferencia de esta resolución con otros fallos en la materia, es que "el objetivo que tiene la libertad provisional es la rehabilitación y se concede cuando esta se está logrando (...) y la verdad es que lo que ocurre acá es que ninguna de las personas que ha salido ha tenido alguna colaboración con la justicia,
ni siquiera ha admitido públicamente su participación en los delitos".
En tanto, durante la jornada, Fries emitió un comunicado en el que se refirió a un informe titulado "Opinión de INDH sobre beneficios carcelarios a condenados por crímenes de guerra y/o delitos de lesa humanidad", que la entidad aprobó en mayo de 2013 y que la Corte Suprema utilizó en su argumentación que otorgó el beneficio carcelario.
En el texto, la ex directora de la Institución precisó que la minuta señalaba que "es obligación del Estado juzgar y sancionar a las personas que cometieron actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad" y que "al momento de la determinación de sanciones, ellas deben ser proporcionales al daño causado y a la gravedad del crimen cometido, y que la media prescripción contraviene obligaciones internacionales, en tanto genera una sensación de impunidad".
Asimismo, agregó que el informe "describe las medidas y beneficios penitenciarios que establece la legislación nacional y las contrasta con el tratamiento que les da el derecho penal internacional y de derechos humanos, los que establecen requisitos de cooperación y consciencia del daño o arrepentimiento", concluyendo que "si bien todas las personas pueden acceder a dichos beneficios, en el caso de criminales de lesa humanidad, ellas no pueden significar impunidad".
En ese sentido, la ex subsecretaria de Derechos Humanos afirmó que una interpretación "torcida" del informe sería "un atentado a la dignidad de los familiares de las víctimas, y a la lucha de los abogados/as y movimiento de derechos humanos".
