SANTIAGO.- "Ana María, levántate, porque me van a echar la culpa de que te maté". A quince metros de distancia, dos testigos escucharon cómo Juan Herrera Sánchez repetía esa frase mientras le pegaba puntapiés a su en ese entonces conviviente y que, a eso de las 21:30 del 16 de junio de 2012, agonizaba en medio de una calle en Puente Alto.
Casi un mes antes, ya la había agredido en la vía pública pese a tener una orden de alejamiento.
Según se relata en la sentencia del Tribunal Oral lo Penal de dicha comuna, el ataque ocurrió cerca de la intersección de la calle Eyzaguirre con Paraguay, donde la pareja discutía. A los minutos, él la apuñaló en el cuello. Por el crimen, se le condenó a diez años y un día de presidio por femicidio consumado.
El caso de Ana María no es único. De hecho, al menos el
45% (252) de las 565 víctimas de femicidio consumado, frustrado y tentado que registra el Ministerio Público entre 2011 y 2017
puso al menos una denuncia contra quien fue señalado como su agresor. En cuanto a los casos donde hubo muerte, la cifra cae al 38%.
Así lo señala un catastro que está siendo elaborado por el ente persecutor y al cual tuvo acceso Emol a través de Transparencia.
Según explica la fiscal oriente, Marjorie Carrillo, los frustrados son aquellos donde la persona "pone todo de su parte para matar a la mujer, pero por algún factor externo no ocurre", mientras que los tentados son más comparables con una amenaza.
En base a las cifras, la persecutora indicó que en las causas por violencia intrafamiliar influye el desistimiento y la retractación por parte de las víctimas. Esto quiere decir el dejar el procedimiento o cambiar la versión denunciada, respectivamente. Estos fenómenos, agrega, tienen su principal origen en la violencia presenciada durante la infancia, y la dependencia económica y sentimental.
"Hay veces que he pedido una audiencia por lesiones y termino yendo sola, entonces lo más probable es que juez no me quiera dar una cautelar o que la causa quede por si sola", señaló a Emol. Esto influye en que existan denuncias ni siquiera sean judicializadas.
Y en esa linea agregó que los casos más difíciles de enfrentar son aquellos por lesiones leves o amenazas, donde "el testimonio de la víctima puede ser la única prueba".
Por su parte, la diputada (PC) Camila Vallejo sostuvo que las cifras revelan una falta de protección. "Cientos de mujeres que se atreven a denunciar, terminan siendo igual agredidas, luego sucede que otras pierden la confianza en el sistema y entonces no denuncian", optando por otros caminos, como "hacer público los casos por medio de redes sociales, con una serie de consecuencias que no necesariamente son las deseadas".
En el 10% de los casos había una medida cautelar
El informe también revela que en el 13% del total de agresores pesaba una medida cautelar, cayendo tres puntos porcentuales en los actos que terminaron en un fallecimiento.
Ante esto, la diputada agregó que es necesario revisar si estas "están realmente bien planteadas o hay que cambiarlas", mientras que la directora de la ONG Parejas sin violencia, Mariana Madariaga, puntualizó hoy estas "no son efectivas y, persiste el trámite engorroso para las víctimas, quienes finalmente desisten de las denuncias. También vemos que pese a los esfuerzos, Carabineros requiere seguir especializándose en la materia, mejorando la atención a las víctimas".
Un vacío en estas también reconoció la persecutora, quien indicó que "
quien fiscaliza de mejor manera es la propia víctima". Así, explicó que si bien hay casos donde el agresor se acerca a la fuerza, hay otros en que es la misma víctima la que permite voluntariamente su acercamiento.
El Ministerio Público cuenta con una serie de medidas como rondas periódicas; la entrega de un sistema externo que conecta directamente a la mujer con Carabineros; la instalación de protección al domicilio como barrotes o levantamiento de rejas; y, en casos más extremos, reubicación de víctimas.
Ya en los casos más críticos, se piden además cautelares a los tribunales.
Prisión preventiva
En el mismo periodo, es decir entre 2011 y 2017, la Defensoría Penal Pública registra el ingreso de 517 femicidios frustrados, consumados y tentados.
La diferencia, explicó la abogada del Departamento de Estudios de la Defensoria Penal Publica y experta en género, Claudia Castelletti, se debe a que hay imputados que contratan abogados particulares.
"El 95,6% de ellos estuvo en prisión preventiva. Es muy extraño que haya un solo tipo delito que tenga casi al 100% con esta cautelar y el que más se acerca es el de femicidio", señaló la abogada.
En esa línea, agregó que "Esto demuestra que es un delito muy grave y no solo por la penalidad que tiene que va desde presidio mayor en su grado máximo a calificado".
A la fecha, detalla el catastro, hay 476 casos de femicidios con un término judicial y, el 67% de estos lo hizo en una sentencia condentatoria. Otras salidas son sobreseimiento definitivo, decisión de perserverar o absolución.
En los casos consumados, este término registra una baja de tres puntos porcentuales, es decir a 64%.
Mayor contexto de esto dio la fiscal Carrillo, explicando que hay casos donde el agresor también se suicida, por lo que la investigación concluye con un sobreseimiento.
320Casos de femicidios frustrados, consumados y tentados terminaron con una sentencia condenatoria.
Especial obstáculo presentan los casos frustrados, indicó la persecutora, donde "hay víctimas que no quieren declarar o constatar lesiones. Nosotros trabajamos con la unidad de víctimas para buscarles apoyo y que entiendan que no están solas".
Así también, en este tipo de femicidios, agregó, es más difícil acreditar el dolo ante un tribunal, "pero si nosotros estimamos que habían verdaderas intenciones, lo vamos a procesar por eso. La idea no es bajarle el perfil para una condena más baja, sino que mostrarle a las mujeres que las vamos a proteger".
Ampliación de la figura
A comienzos de junio, cinco mujeres fueron asesinadas en 36 horas. Solo algunos de estos hechos fueron catalogados como femicidios, ya que el presunto agresor no era un ex o actual cónyuge o conviviente, como establece la ley.
De ellos, especial conmoción causó el caso de Gabriela Alcaíno (17), quien fue asesinada junto a su madre en Maipú. Por el doble crimen, fue detenido la ex pareja de la menor.
Es por esto que un grupo parlamentarias, entre ellas Vallejo, ingresaron el proyecto de ley que busca ampliar la figura del delito. A juicio de la parlamentaria, esto ayudaría "a identificar el tipo de comportamiento previo al delito de femicidio".
Emol se contactó con el
Ministerio de la Mujer para abordar estas cifras; saber de qué forma incentivan a las víctimas de estos delitos a denunciar; y el estado de la solicitud de un fiscal preferente que hizo la ministra Isabel Plá al fiscal nacional a mediados de junio. Desde la cartera declinaron participar en esta nota, señalando que le corresponde a otros organismos referirse particularmente a estos puntos.
