Hernán Larraín, ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Aton
SANTIAGO.- Tras la aprobación de las penas para los delitos de soborno y cohecho, mañana la comisión mixta que busca modernizar el Código Penal en materia de corrupción, entrará en una nueva fase de discusión, centrada en los denominados
"delitos de cuello y corbata".
El Ministerio de Justicia y DD.HH., encabezado por Hernán Larraín (UDI), propondrá en la instancia una redacción para incluir una nueva sanción a quienes hayan sido condenados por cohecho y soborno: que reciban además la pena de inhabilitación absoluta para desempeñarse en empresas que mantengan contratos -comerciales y de otra índole- con los aparatos del Estado.
Un borrador de la indicación -al que accedió "El Mercurio"- señala: "El que cometiere cualquiera de los delitos previstos en los dos párrafos anteriores (cohecho, cohecho a un funcionario público extranjero y soborno), será condenado, además, a la pena de inhabilitación absoluta, temporal o perpetua, para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que participen como proveedoras de bienes y servicios a los órganos del Estado o cuyo objeto sea la provisión de bienes o servicios de utilidad pública, en cualquiera de sus grados".
El efecto de esa norma, según explicaron en Justicia, implicaría -por ejemplo- que una empresa debería desafectar al empleado que incurra en soborno para poder mantener sus convenios con el Estado. En caso contrario, de permanecer el trabajador en la firma, el Estado deberá cancelar los contratos con esta, lo que también sucedería si una empresa contrata a una persona que esté en el registro de condenados.
Conoce todos los detalles en la edición de hoy lunes de
"El Mercurio".
