La aplicación de la ley antiterrorista es una de las principales causas del conflicto indigena en el sur del país.
Aton.
GINEBRA.- El Comité contra la Tortura de la ONU pidió este viernes a las autoridades de Chile que se abstengan de aplicar la legislación antiterrorista a personas acusadas únicamente de atentar contra la propiedad privada durante las protestas por los derechos del pueblo mapuche.
El órgano de la ONU emitió sus observaciones finales sobre nuestro país, tras examinar el informe periódico que la delegación nacional en Ginebra le presentó en cumplimiento de la Convención internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
El documento se dio a conocer justo en la antesala de la asunción de la ex Presidenta Michelle Bachelet como nueva Alta Comisionada para los DD.HH., nominación que será revisada esta mañana por la Asamblea General del organismo.
En sus conclusiones, los expertos del Comité expresaron "especial inquietud" por los casos de "aplicación abusiva de esta norma para procesar por terrorismo a activistas mapuche acusados de acciones violentas", en concreto daños a bienes privados.
El Comité pide a Chile "revisar y enmendar" esa legislación para que se defina de forma precisa los actos de terrorismo y que los detenidos tengan acceso a las garantías básicas contra la tortura, como el derecho a comparecer sin demora ante un juez tras su arresto.
En ese sentido, señaló que le preocupan las limitaciones que la ley contempla a esas garantías, en particular la posibilidad de ampliar hasta diez días el plazo para poner al detenido a disposición de un juez.
También en relación al pueblo mapuche, el Comité de la ONU manifestó su preocupación por las noticias sobre "abusos policiales" ocurridos durante allanamientos o redadas en sus comunidades, así como violencia sexual contra mujeres y niñas en protestas estudiantiles.
Según datos facilitados por la representación chilena en Ginebra, que se reunió entre finales de julio y el 9 de agosto, hubo sanciones disciplinarias contra 34 funcionarios y otros 20 casos están en trámite.
En este ámbito, entre las principales críticas del Comité figura el hecho de que las denuncias por violencia policial sigan enviándose para su investigación preliminar a unidades que pertenecen a la misma institución para la que trabajan los presuntos autores.
Por ello, pide que se realicen "investigaciones prontas, imparciales y efectivas" y que las denuncias sean asumidas por un "organismo independiente".
Asimismo, el informe del Comité da cuenta de que la delegación le comunicó que entre enero de 2009 y mayo de 2018 se abrieron 1.042 causas judiciales por actos de tortura y que se puso término a 599 de ellas.
"Sin embargo, la información estadística no permite conocer las razones concretas que motivaron el sobreseimiento de numeras causas ni el sentido de las 46 sentencias dictadas desde 2014", lamenta el Comité contra la Tortura, junto con expresar su preocupación debido a que ninguna de las penas de prisión dictadas haya excedido tres años.
