En la fotografía los ministros de la Corte Suprema encabezados por su presidente Haroldo Brito.
El Mercurio/ Archivo.
SANTIAGO.- El Observatorio Judicial se sumó a los cuestionamientos a la acusación constitucional que buscan presentar diputados de la ex Nueva Mayoría y del Frente Amplio contra los ministros de la Corte Suprema que aprobaron la libertad condicional contra siete condenados por crímenes contra los derechos humanos cometidos en dictadura.
A través de un carta el presidente del consejo directivo y del director ejecutivo del Observatorio Judicial, Roberto Guerrero y José Miguel Aldunate, respectivamente, señalaron que "la discusión sobre la procedencia de la acción constitucional contra los ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema ha errado completamente el foco. Los parlamentarios que han anunciado que patrocinarán la acusación sostienen que el fallo establece una política de impunidad incompatible con los tratados internacionales suscritos por Chile".
Además, expresaron que "rara vez las controversias sobre problemas de justicia tienen consecuencias inocuas. Si se formula una acusación constitucional contra ministros de la Corte Suprema por la sola dictación de una sentencia con cuyos fundamentos los acusadores están en desacuerdo, se establecerá un antecedente gravísimo de amedrentamiento del Poder Judicial por parte del Congreso Nacional. Y si la acusación prospera, ya sabrán los jueces a quién tienen que pedirle permiso para sostener sus decisiones en el futuro".
"Verdadera o falsa, esta afirmación es del todo irrelevante, porque no alcanza a configurar el notable abandono de deberes. En cambio, la pretensión de los parlamentarios supone una revisión del contenido y los fundamentos de la sentencia de la Corte Suprema, infringiendo flagrantemente el texto de la Constitución. Lo anterior redunda en una violación directa contra los principios de separación de poderes y de independencia judicial", sostuvieron.
Con ello, explicaron que "conforme a la doctrina constitucional y la práctica legislativa, el notable abandono de deberes se configura cuando los jueces descuidan marcadamente sus deberes funcionarios -presentarse al tribunal a determinada hora, inspeccionar la conducta de sus subalternos, dictar sentencia dentro de plazo, etcétera-, así como cuando hacen una torcida aplicación de la ley, no por error de concepto, sino que a sabiendas, con una intención contraria a la justicia. Para que se configure la figura del notable abandono, no basta con que los jueces apliquen la ley de un modo diverso a como lo pretenden los parlamentarios".
"Ello supondría que la última instancia de interpretación de la ley no serían los tribunales de justicia, sino el Congreso Nacional. Si esta fuera la regla, entonces los jueces debieran cuidarse de no diferir demasiado de la opinión de la mayoría parlamentaria, haciendo de la independencia judicial un valor irrisorio", precisaron.
