SANTIAGO.- A las 9:30 de la mañana inició la primera diligencia. Un equipo, conformado por detectives de las brigadas del Cibercrimen y la Investigadora de Delitos Sexuales (Brisexme) de la PDI llegó hasta las oficinas de la Conferencia Episcopal, en Santiago Centro, para incautar información vinculada al caso Maristas.
Casi dos horas después, el fiscal a cargo de la investigación por abusos vinculados a la Congregación, Raúl Guzmán, entregó brevemente un resumen la entrada y registro del material.
"Estamos recabando y complementando antecedentes que ya habíamos recibido para la
identificación de víctimas que han formulado denuncias por abusos de distinto tipo, particularmente, de carácter sexual", dijo el fiscal regional metropolitano Sur, agregando que "los antecedentes dicen relación con hechos que estamos investigando que pueden ser constitutivos de delitos, y eso involucra tanto a víctimas como eventuales imputados".
Rápidamente el equipo se trasladó hasta la residencia de los hermanos Maristas, en Providencia, por más información.
"Estamos dando cumplimiento a instrucciones del fiscal, levantamiento de información que sea un aporte a la investigación que estamos llevando, tanto documental, de contabilidad o informática", aseguró la jefa de la Brisexme metropolitana, Claudia Domínguez antes de ir a otra comuna: La Pintana.
Allí, incautarán información almacenada en el colegio Marcelino Champagnat, en la comuna de La Pintana. Es es ese lugar donde hay casos en los que la fiscalía podría alcanzar condenas ya que aún no están prescritos.
Así también, confirmaron desde el Ministerio Público, los investigadores llegarán durante esta jornada hasta el Instituto Alonso de Ercilla, en calle Santo Domingo, donde también se denunciaron abusos.
De acuerdo a los participantes de las diligencias, aquellas realizadas en la residencia en Providencia requieren más tiempo ya que no existe un servidor central, por lo que habrá que ingresar computador por computador para recabar la información.
Frente la situación, el ex fiscal y actual abogado de la Congregación, Alejandro Peña, señaló que esta última se trata de "una diligencia que efectúa la fiscalía con el objeto de corroborar los antecedentes que la Congregación ha presentado desde hace un año a la fecha (...) Queremos que se establezca la verdad y se sancione a quien tenga un tipo de responsabilidad penal en estos hechos".
Dudas sobre la contabilidad
Uno de los puntos en que hay especial atención por parte del Ministerio Público es el de la contabilidad de la Congregación.
Así lo indicaron fuentes de Emol ligadas al caso. Esta situación respalda además la importancia de la diligencia en la casa residencial en Providencia, donde este tipo de información se mantiene almacenada.
Las sospechas, apuntan a posibles pagos que habrían sido emitidos desde el mismo organismo religioso a las víctimas.
Públicamente ya se conoce de la entrega de dos millonarios montos en términos de compensación. Sin embargo, la fiscalía intentaría descartar que estos -u otros más- tuvieran como fin frenar la causa legal o simplemente evitar la llegada a dicha instancia.
Para esto, es necesario esclarecer quiénes autorizaron la entrega del dinero, cómo también quiénes están detrás de las decisiones.
En el caso, que estalló en agosto de 2017 cuando la Congregación denunció a uno de sus ex miembros por abusar a diez ex alumnos del Instituto de Alonso de Ercilla y el Colegio Marcelino Champagnat, ya cuenta con 25 indagados y más de 50 víctimas.
