SANTIAGO.- A días de haber liderado una seguidilla de allanamientos en distintos recintos ligados a la Congregación de los Hermanos Maristas, el fiscal a cargo del caso,
Raúl Guzmán, se refirió a las criticas por una supuesta vulneración al acuerdo de colaboración pactado entre el Ministerio Público y los enviados del Papa,
Charles Scicluna y Jordi Bertomeu.
El martes, detectives de la PDI llegaron hasta dos colegios de Santiago en los que se denunciaron abusos, así como a las oficias de la Conferencia Episcopal y la residencia de los Maristas en búsqueda de archivos ligados a la investigación, entre ellos, aseguró el vocero del episcopado, Jaime Coiro, documentos relacionados con la comisión de escucha de denuncias dispuesta por Scicluna.
Tras las diligencias, Coiro, señaló que "nosotros hemos pedido con muchas fuerza" al personal a cargo del procedimiento que se resguarde "la reserva de aquellas personas que pidieron un estricto y riguroso respeto a su identidad", agregando que los antecedentes que pudo haber tenido el episcopado en relación a la causa marista ya habían sido enviados.
Ante esto, Guzmán aseguró: "No podemos aparecer frente al mundo, ni como país ni como institución no haciendo nada frente los hechos que se están denunciando ya sea en la justicia ordinaria o a través de la Iglesia cuando estos son constitutivos de delitos".
Y bajo esa línea, agregó: "Estos son actos de reparación para las víctimas y sin duda ayudarán a la institución a la cual pertenecen quienes son los autores de estos hechos por cuanto podrán ser debidamente identificados, investigados y sancionados en las oportunidades e instancias que corresponden".
Consultado sobre la posibilidad de seguir los pasos de su par en Rancagua, Emiliano Arias, y citar a declarar a altas autoridades eclesiásticas, como los cardenales Francisco Javier Errázuriz o Ricardo Ezzati, Guzmán no descartó la diligencia e indicó que "la investigación va a ir avanzando y se van a ir disponiendo las diligencias que ameriten los hechos que se están denunciando".
El fiscal metropolitano Sur fue uno de los persecutores que, a través de un requerimiento internacional gestionado con Cancillería, solicitó al Vaticano información clave para el caso que lleva adelante, el cual ya fue recibido por la Santa Sede.
