SANTIAGO.- Con acento argentino, colombiano, español y chileno, Franco Andrés Sepúlveda Roble habría realizado una serie de llamados telefónicos a la DGAC, el Aeropuerto de Santiago y la aerolínea Sky durante la tarde de ayer para dar avisos de bombas.
Así lo informó el Ministerio Público esta tarde luego de formalizar al detenido por amenazas, falsa alarma de emergencia, y delitos contra la seguridad interior del Estado.
En total, se le imputaron cinco llamadas, las cuales se tradujeron en la activación de protocolos de seguridad de las naves pertenecientes a las aerolíneas Sky y Latam. Algunas de ellas tuvieron que aterrizar de emergencia en el extranjero.
De acuerdo a lo expuesto en audiencia, el aprehendido pedía a los operadores anotar las matrículas o vuelos de unas naves y para así señalar: "Ese avión mantiene un artículo explosivo (...) ustedes saben qué hacer con esa información", e incluso "los terroristas llegaron a Chile".
Según lo explicado por la fiscal Occidente, María Teresa Herrera, las primeras llamadas fueron realizadas desde el mismo aeropuerto de Santiago, mientras que las últimas desde Antofagasta. Es por esto que se buscó los vuelos que viajaron en el horario analizado entre dichas ciudades, pidiendo luego la lista de pasajeros masculinos ya que los operadores que recibieron las llamadas afirmaron haber conversado con un hombre.
Con la nómina, se buscaron los dos números de teléfonos registrados, dando con la identidad del detenido que fue trasladado esta madrugada a la capital.
"Se debieron activar los protocolos de seguridad del aeropuerto, que no solo involucró a los vuelos directos de los cuales se dio la alarma, sino también otros que estaban por despegar del aeropuerto que debieron aeropuertosos", indicó la persectora. De hecho, desde Latam calculan que serían 22 los aviones afectados.
Ante la situación, el 1° Juzgado de Garantía decretó las medidas cautelares de arraigo nacional, arresto domiciliario total y la prohibición de acercarse a los aeropuertos, además de establecer un plazo de investigación de 90 días.
En tanto, el defensor penal público, Ignacio Moya, catalogó como "desproporcionadas" las cautelares, señalando que el formalizado, quien negó la autoría de los hechos, viaja regularmente entre Santiago y Antofagasta por temas trabajo.
Por el caso se querellaron las dos aerolíneas involucradas, quienes estimaron en 3.700 los pasajeros afectados -mil en Sky y 2.700 en Latam-, como también lo hizo el Gobierno.
