SANTIAGO.- "Se puede entender la solicitud del Demre, posteriormente aprobada por el Consejo de Rectores, de
entregar innominadas las bases de datos de los resultados de la PSU a las universidades que forman parte del Sistema Único de Admisiones (SUA). ¿Acaso las personas que rindieron la prueba no tienen, antes de postular,
derecho a la privacidad de sus desempeños?".
Así comienza una carta escrita por el ex ministro de Educación
Harald Beyer a
"El Mercurio", en relación a la decisión que aprobó el CRUCh para que las casas de estudios reciban bases sin identificación ni datos de contacto de los estudiantes, y que catalogó de "equivocada".
"Una respuesta afirmativa es esperable, sobre todo si se desconoce o se ha olvidado el funcionamiento del sistema de admisión. Sin embargo,
es una decisión contraria al interés de los estudiantes,
aunque para algunas universidades -creo es el caso nuestro, aunque es muy temprano para evaluar el impacto de la medida-
puede ser provechosa", detalló el rector de la Universidad Adolgo Ibáñez.
Dentro de sus razones, explica que "el SUA permite que hasta el 15% de sus estudiantes sean admitidos por admisión especial. Todas las universidades utilizan en mayor o menor grado esta posibilidad (en general, salvo algunas excepciones, las universidades se apegan a esta regla)".
Además, recalca que "luego de recibir los resultados, las personas tienen un plazo muy breve para postular (100 horas) y una vez concluido ese proceso, reciben una única oferta".
"Sistemas de estas características no se repiten mucho en la experiencia comparada. Los plazos de postulación son más prolongados y las ofertas recibidas, más de una. Así, el sistema actual tiene muchas ventajas para las universidades, pero no necesariamente para los estudiantes. En ese sentido, el esfuerzo que hacen las universidades en el período de postulación les informa mejor de sus alternativas, enriqueciendo, por tanto, su proceso de decisión en un momento tan fundamental en sus vidas", añadió.
Asimismo, quien fue secretario de Estado durante el primer gobierno de Sebastián Piñera apunta que "el proceso de admisión es financiado por los propios postulantes o el Estado en su representación. Es curioso, entonces, que se promueva una iniciativa que quizás beneficia a las universidades (o al menos a algunas de ellas), pero que, sumando y restando, perjudica o empobrece las oportunidades de las personas que postulan a ellas.
"Una decisión tan poco reflexiva evidencia una vez más el mal diseño actual del gobierno corporativo del Sistema Único de Admisiones. Lamentablemente, la nueva ley de educación superior no corregirá esta situación y en algunos aspectos la puede agravar. En efecto, la administración del sistema de acceso, sin perjuicio de los apoyos técnicos y resguardos que se contemplan, quedará en manos de la Subsecretaría de Educación Superior, un órgano claramente político con objetivos diversos. Una realidad así es difícil de encontrar en otras latitudes", complementa.
Por último, Beyer dice que "el sistema único de admisión debiera ser administrado por una corporación de derecho público, con un directorio especializado que incluya representantes de las instituciones de educación superior, pero también del sistema escolar (después de todo, los instrumentos de selección a la educación superior tienen un gran impacto en el desarrollo de la educación secundaria)".
"Eventualmente podría incluir representantes de la Subsecretaría de Educación Superior. Además de administrar la rendición de la prueba y la plataforma de postulaciones, su misión sería asegurar un buen sistema de admisión, con instrumentos bien estudiados y desarrollados, que predigan desempeños en la educación superior y lo hagan minimizando inequidad en el acceso", añade.
