SANTIAGO.- Durante este lunes y martes, el ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño conocerá las pruebas que las partes deberán presentar para sustentar o rebatir la solicitud de destitución del fiscal nacional, Jorge Abbott, presentada por diputados de oposición.
Acusando "negligencia manifiesta", el 10 de julio legisladores del Frente Amplio, PPD, PS, PC y el PRO llegaron hasta las dependencias del máximo tribunal para presentar el documento en el que reprochaban una supuesta intervención del persecutor en casos de financiamiento a la política.
A los tres días, la solicitud fue declarada admisible y casi una semana después Abbott presentó sus descargos, respondiendo punto por punto las acusaciones.
Posteriormente, el presidente de la Suprema, Haroldo Brito, designó al ministro Carreño para encargarse del trámite que podría terminar con la salida de la máxima autoridad del ente persecutor.
Esta semana, las partes entregarán sus argumentos ante el supremo y concretarán los tramites solicitados, como la toma de declaración de los fiscales a cargo del caso Penta, SQM y Corpesca.
Puntos clave
1. Intervención en casos vinculados a la política: La principal crítica que se le hace a Abbott es por su supuesta intervención en las causas de financiamiento irregular de la política. Una de ellas es la conocida como caso Penta, de cuya investigación el persecutor se abstuvo voluntariamente por su parentesco con el entonces presidente del directorio del holding, Alfredo Moreno, quien es su primo hermano y actual ministro de Desarrollo Social.
Pese a esto, alegan los legisladores, Abbott se reunió al día siguiente de haber sido electo el Presidente Piñera con el ex senador y actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, para -afirman- hablar sobre la indagatoria. Casi un mes después, el fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, acordó un procedimiento abreviado con la defensa del senador Iván Moreira.
Así también, se reprocharon las citas con la defensa del ex administrador electoral de Piñera, Santiago Valdés, y con la del ex gerente general de SQM Patricio Contesse.
Ante esta imputación, desde la fiscalía entregaron casi 40 documentos que acreditan, según el abogado de Abbott, Luis Bates, que los encuentros se concretaron públicamente y al amparo de la Ley de Lobby.
2. Pedir mayor celeridad para no afectar al Legislativo: Los parlamentarios también aludieron a las declaraciones de Abbott en la cuenta pública del 24 de abril, donde este pidió a los fiscales ser "diligentes" en causas que involucren a "representantes de elección popular", señalando que "nuestras decisiones pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones". Con molestia, el gremio le contestó: "No hay persona ni grupo privilegiado".
Por su parte, el persecutor adjuntó el texto completo y explicó que el referirse a las consecuencias que podrían haber en el quórum del Parlamento en causas políticas son una opinión, y "no un criterio de actuación", indicó El Mercurio.
3. Diligencias con persecutores regionales: En su requerimiento, los denunciantes pidieron a la Suprema que los 18 fiscales regionales del país declararan en el proceso. Sin embargo, el Pleno acogió la propuesta de Abbott y autorizó la concurrencia de los cuatro investigadores de los casos ligados al financiamiento irregular de la política: Manuel Guerra (Penta), Pablo Gómez (SQM) y Xavier Armendáriz y Julio Contardo (Corpesca). Este último ahora es fiscal regional del Maule.
Presentada la prueba, el ministro Carreño dará cuenta de estas al Pleno internamente para que así puedan llevarse a cabo los alegatos y finalmente resolver el requerimiento.
De acogerse la destitución, se deberá contar con el voto conforme de cuatro séptimos de los miembros de la Suprema en ejercicio. Posteriormente, el Presidente Piñera tendría que designar un nuevo persecutor a partir de una quina presentada por la Suprema, y con acuerdo de dos tercios del Senado.
Por su parte, Abbott aseguró estar "absolutamente tranquilo" sobre el resultado que tendrá la solicitud.
