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Destitución de Abbott: Fiscal del caso SQM asegura que entrega de información constituye "actos de comunicación"

El persecutor regional de Valparaíso, Pablo Gómez, siguió la línea de su par en la zona metropolitana Oriente y descartó la existencia de instrucciones por parte del jefe del Ministerio Público. Así también lo hizo Julio Contardo, quien lideraba el caso Corpesca.

27 de Agosto de 2018 | 12:17 | Por Tamara Cerna, Emol
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El fiscal Pablo Gómez.

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SANTIAGO.- De manera más breve que su antecesor, el fiscal regional de Valparaíso y persecutor a cargo del caso SQM, Pablo Gómez, declaró ante el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, a raíz de la solicitud de destitución que presentaron diez diputados de oposición en contra del fiscal nacional, Jorge Abbott.

Siguiendo la línea del fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, Gómez descartó la existencia de presiones o indicaciones en cuanto a los procesos o imputados, explicando que las instrucciones particulares solo las pueden entregar quienes dirigen los casos.

"Esa reunión efectivamente ocurrió y en la que las defensas sostenían que habría una doble imputación en el momento que era investigado por SQM y Penta. El fiscal nacional lo que solicita es cuál es el contenido de la investigación respecto de esa persona (Valdés), lo mismo hace con el fiscal Guerra. Sostuvimos que eran hechos distintos, por lo tanto no habría doble incriminación"

Pablo Gómez
Así, se refirió a la reunión que sostuvo Abbott con los abogados de Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, y del ex administrador electoral de Piñera, Santiago Valdés, a través de un oficio ya que las defensas pedían llevar las indagatorias de sus representados en una sola causa.

"Esa reunión efectivamente ocurrió y en la que las defensas sostenían que habría una doble imputación en el momento que era investigado por SQM y Penta. El fiscal nacional lo que solicita es cuál es el contenido de la investigación respecto de esa persona (Valdés), lo mismo hace con el fiscal Guerra. Sostuvimos que eran hechos distintos, por lo tanto no habría doble incriminación", indicó Gómez.

Otro de los puntos controvertidos, tienen relación a la cuenta pública realizada por Abbott, donde pidió a los persecutores tener mayor celeridad en los casos que involucran a miembros del Parlamento, ya que podría afectar el funcionamiento del Poder Legislativo. Gómez aseguró que esto es "meramente su opinión", la cual "se condice con la forma que él ve la persecución penal".

En esa línea, recordó que cuando Abbott era fiscal regional de Valparaíso y él persecutor adjunto, "también nos exigía ser especialmente rigurosos con las solicitudes de prisión preventiva para evitar que personas que pudiesen terminar con penas sustitutivas" se vieran con dicha cautelar, considerada como la más gravosa.

Así señaló que "no hay condicionamiento" y que las pruebas de ello son las mismas actuaciones procesales que han tenido: "En el mes de agosto del año pasado formalizamos a un senador de la República (Jorge Pizarro), pedimos el desafuero de otro, que es el señor (Fulvio) Rossi, cuando aún tenía la calidad de parlamentario".

Además, indicó que "es evidente que yo como fiscal regional le informo de forma periódica de los avances de las causas más importantes de la región y en particular en relación con la causa de SQM, pero es evidente que esa información de un subalterno al superior de un servicio de manera de poder anticipar ciertos pasos son más bien actos de comunicación, no de solicitud de autorización".

Durante esta mañana también declaró el ex fiscal a cargo del caso Corpesca, Julio Contardo, quien brevemente también descartó presiones, señalando además que cuando fue la cuenta pública ya habían presentado la acusación por la indagatoria.

Acusaciones de prácticas antisindicales


Ante la Suprema también llegó el fiscal regional metropolitano occidente, José Luis Pérez Calaf, quien debió indagar las declaraciones de Paulina Ruiz, presidenta de la Federación Nacional del Ministerio Público (Fenamip). Durante una entrevista a CNN en agosto del 2016, Ruiz aseguró que al interior del Ministerio Público había violaciones a los derechos humanos.

A raíz de este hecho, el ente persecutor abrió una investigación para ver qué tipo de ilícito se había cometido, la cual quedó a cargo del Pérez Calaf, quien finalmente archivó el caso y declaró ante Carreño que no pudo hacer diligencias porque Ruiz no entregó datos concretos.

La funcionaria también tuvo que declarar ante el supremo, manteniendo las acusaciones de prácticas antisindicales por parte de Abbott, agregando además que el fiscal nacional reprochó, mediante un correo electrónico a todos los persecutores, sus dichos, concluyendo que este buscaba "amedrentarla" como dirigente sindical.

Así, ya concluyeron la entrega de testimonios por parte de todos los persecutores regionales requeridos, mientras que mañana tendrá que presentarse el mismo Abbott.
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