SANTIAGO.- Por casi dos horas entregó su declaración el fiscal nacional, Jorge Abbott, en el proceso iniciado a raíz de la solicitud de destitución presentada por diez diputados de oposición.
En compañía de algunos funcionarios del Ministerio Público, abordó ante el ministro Héctor Carreño las citas que sostuvo con el ex senador y actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, y los abogados de dos indagados en los casos Penta y SQM.
"Tuvo origen en un oficio que envió el presidente subrogante del Senado, Guido Girardi, quien me remitía un oficio señalándome que los jefes de la bancada UDI -Larraín- y de RN -Andrés Allamand- habían solicitado por su intermedio oficiar al Ministerio Público para que nuestra institución acelerara la tramitación de la causa en que estaba involucrado el senador Iván Moreira, a la sazón desaforado y que no estaba participando en las labores propias del Congreso", indicó.
Posteriormente, continuó, Larraín solicitó una reunión, vía ley de Lobby, para referirse a la causa: "En esa reunión le manifesté que yo no tenía atribuciones para determinar o decretar diligencia alguna en la causa de Penta, ya que dispuesto normas generales, el fiscal nacional está vedado de dar instrucciones particulares", enviándole la carta al fiscal a cargo del caso, Manuel Guerra y al Senado explicando esto.
Así también, se refirió a las citas con los abogados Rodrigo Zegers y Samuel Donoso, donde se le pidió agrupar bajo una sola causa, preferentemente SQM, la investigación del ex administrador electoral de Piñera, Santiago Valdés, con el fin de evitar una "doble criminalización".
"El jefe de gabinete responde que oportunamente se dará respuesta por escrito cuando se le de un informe al fiscal Guerra y (Pablo) Gómez -a cargo de Penta y SQM-. No contentos con eso, los abogados Zegers y Donoso piden una reunión con este fiscal nacional, agregando una denuncia de filtración en la misma causa", señaló Abbott, agregando que a la cita también asistieron los directores de las unidades Anticorrupción y de Delitos Económicos.
La solicitud finalmente fue rechazada ya que tanto Guerra como Gómez estimaron que no había tal situación ya que eran delitos diferentes.
"La Ley de Lobby no se exige con citas con parlamentarios, pero nosotros solicitamos a cada uno que lo haga. Algunos lo hacen con alguna reticencia, pero nosotros lo hemos establecido como una buena práctica dentro de la institución para evitar cualquier suspicacia"
Fiscal Jorge Abbott
A raíz de esto, Abbott aseguró que "mi política de siempre, desde que soy funcionario público ha sido de tener una institución de puertas abiertas". Y añadió: "En el Ministerio Público he recibido casi 60 parlamentarios, más de 300 personas, ya sea abogados o intervinientes que han manifestado interés en reunirse con fiscal nacional. Todas estas reuniones han quedado registradas o en la agenda pública o en la de Lobby".
De hecho, complementó esto último indicando que recibió, incluso a algunos en más de una oportunidad, a tres de los diez diputados que firmaron su solicitud de destitución: Emilia Nuyado (PS), Cristina Girardi (PPD) y Hugo Gutiérrez (PC).
La recomendación de Gajardo y Norambuena
Una de las consultas que elevó el tono de las preguntas y respuestas de los abogados requirientes y el fiscal nacional, fue aquella que refería a una reunión que habían solicitado 18 abogados del caso Penta al fiscal Guerra, luego que se filtrara a la prensa la acusación que iba a presentar la fiscalía.
En conocimiento de esto, indicó Abbott, los ex persecutores del caso, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, enviaron un correo electrónico a Guerra en el que consideraban que no era conveniente la realización de esto. Guerra le comunicó al fiscal nacional, quien decidió citar de todas formas a los abogados ya que "esa filtración, si es cometida por funcionarios públicos, porque en ese inicio causa estaba en secreto, podía ser constitutiva de delito".
"Fije fecha y hora con abogados y solo confirmaron tres. En consecuencia dejé sin efecto, ya que los otros 15 no asistieron. Se hizo una denuncia penal respecto de esos hechos que la investigó el (ex) fiscal Andrés Montes, quien determinó sobreseer la causa atendido que la filtración se había producido después de cerrada la investigación".
Abbott concluyó sobre los ex persecutores del caso que "probablemente no querían que recibiera (a los intervinientes) porque se estaba haciendo una denuncia penal en su contra".
El fiscal nacional señaló que los regionales tienen "la obligación" de informar los avances de las investigaciones que lleven a cargo, ya sea mediante reuniones o correos electrónicos.
Mea culpa
Terminada la declaración, Abbott negó tajantemente haber dado una instrucción particular y se refirió a sus dichos en los que pidió a los persecutores ser "diligentes" en causas que involucren a miembros del Congreso.
"Es difícil a veces poder medir cómo al gente va a recibir los mensajes. Yo en esa cuenta pública hice la prevención, especialmente para aquellos que quieren ver detrás de esto la protección a poderosos, quiero decirles que ese no es el propósito. Es simplemente el mejor funcionamiento de la democracia", indicó, añadiendo que "a lo mejor lo debí haber planteado como una proposición de una modificación legal que termine con los privilegios" de los parlamentarios, como el desafuero o plazo de prescripción de dos años para delitos que cometen en materia electoral.
"Es la primera vez que tiene acabo una actuación de este tipo en la historia de la República y quedo plenamente satisfecho
Ministro Héctor Carreño
Incluso, señaló haber esperado que los mismos legisladores hubiesen presentado una modificación en este sentido.
Por su parte, el abogado del persecutor, Luis Bates, aseguró que "los aportes y, especialmente el interrogatorio que se hizo al señor fiscal nacional, han dejado claramente establecido la inexistencia de la causal que se requiere para removerlo que es negligencia manifiesta".
En tanto, el abogado patrocinante de la solicitud del Frente Amplio, Inti Salamanca, aseguró haber recabado antecedentes para presentar ante el Pleno de la Suprema para acreditar dicha causal y que "el hecho de reunirse en su calidad de fiscal nacional, en dependencias del Ministerio Público ya constituyen una negligencia manifiesta ya que que él se encontraba inhabilitado, porque él se impuso en el caso Penta".
Finalmente, el ministro Carreño, quien catalogó el proceso como "histórico", afirmó que "efectivamente es la primera vez que tiene acabo una actuación de este tipo en la historia de la República y quedo plenamente satisfecho (...) Hay que recordar que esto es una etapa más de dentro de este proceso, va a venir ahora la etapa de la resolución del Pleno acerca del fondo del tema".
