SANTIAGO.- Concejalas de la comuna de Santiago pidieron a la Contraloría General de la República un pronunciamiento de legalidad sobre la ordenanza contra los ruidos molestos en la vía pública durante las 24 horas del día, porque, sostienen, atenta contra el derecho constitucional a manifestarse.
La normativa sanciona, por ejemplo, a quienes realicen voceos, que es el punto que cuestionan las ediles.
"No estamos en contra de la ordenanza de ruidos molestos, estamos en contra de un solo punto que a nuestro juicio es antidemocrático e inconstitucional. En dicho punto se señala que se 'prohíbe expresamente el voceo a viva voz en espacios públicos' que por cierto como actividad ruidosa 'podrá ser denunciado y sancionado sin necesidad de prueba de medición sonométrica' lo cual se castiga con una multa que va entre las 3 y 5 UTM, según la presente ordenanza", dijo a Emol la concejal Natalia Contreras (RD).
"Consideramos que este punto atenta contra el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 de nuestra Constitución que resguarda el derecho a la libre expresión y a reunirse pacíficamente sin previo aviso. Es por eso que hemos solicitado a Contraloría que se pronuncie respecto a la legalidad de la ordenanza aprobada por el concejo municipal el 22 de agosto", añadió.
El recurso ante la Contraloría está firmado por Contreras, Rosario Carvajal (Independiente - FA) e Irací Hassler (PC).
Alcalde justifica ordenanza
Por su parte, el alcalde Felipe Alessandri (RN) salió a defender la ordenanza que enfrenta las primeros cuestionamientos. "Lo que buscamos es darle una herramienta eficaz a la municipalidad, a través de nuestra unidad de control acústico, para poder fiscalizar en debida forma", dijo.
El jefe comunal añadió: "Vivir en comunidad conlleva ciertas exigencias y restricciones, si queremos vivir armoniosamente debemos respetar al otro (...) si no molesta a nadie, ciertamente que no será fiscalizado".
"Nosotros queremos tener una herramienta eficaz para dar respuesta efectiva a nuestros vecinos", señaló.
La ordenanza faculta a los funcionarios de la Dirección de Seguridad comunal a fiscalizar y cursar infracciones sin un procedimiento de medición instrumental si una fuente de ruido tiene varias denuncias.
