El abogado querellante Alfredo Morgado.
Mariola Guerrero, LUN
SANTIAGO.- Este domingo se cumplieron siete años del accidente del avión Casa 212 con 21 personas a bordo que iban a Juan Fernández a colaborar con las labores de reconstrucción tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010.
Entre los pasajeros estaba el animador del matinal de TVN "Buenos Días a Todos", Felipe Camiroaga, el periodista Roberto Bruce, integrantes de Desafío Levantemos Chile como Felipe Cubillos, Sebastián Correa y Catalina Vela.
Junto con funcionarias del Consejo de Cultura, Galia Díaz y Romina Irarrázabal; periodistas de la FACh, Rodrigo Fernández y José Cifuentes; y pilotos de la aeronave, la teniente Carolina Fernández y el cabo 2º Flavio Olivo, el teniente Juan Pablo Mallea, el sargento 1º Eduardo Jones, el cabo 1º Eduardo Estrada y el cabo 1º Erwin Núñez.
Alfredo Morgado, el abogado que representa a las familias del camarógrafo de TVN Rodrigo Cabezón, Joel Lizama, Romina Irarrazabal y Flavio Oliva detalló a Emol las diligencias que se llevan a cabo en torno al caso que enlutó al país.
Cuenta que en la causa penal permanece pendiente la apelación que formularon los querellantes a la negativa de decretar diligencias. "En ellas se pide que se cite a declarar a funcionarios de la FACh para que informen sobre las condiciones meteorológicas adversas en la zona de Juan Fernandez de la que habría tendido conocimiento la comandante de aeronave Carolina Fernández", informó.
Y que se decrete diligencia de careo entre funcionarios de la institución, sobre las contradicciones que existen sobre la planificación y control del vuelo de la aeronave Casa 212. Morgado planteó que en caso de que se denieguen por parte de la Corte Marcial, el ministro en visita, Hernán Crisosto, podría cerrar el sumario, sin procesados. Lo pudiera implicar, según él, que se sobresea la causa.
Tales alegatos se realizarán este jueves ante la Corte Marcial.
Demandas civiles
Por otro lado, en los Juzgados Civiles de Valparaíso están presentadas demandas por parte de los familiares de las víctimas del accidente.
"Las diligencias, el término probatorio ya se venció. Se realizaron todas y cada una de las diligencias que pidieron las partes, y los demandantes solicitaron se cite a las partes a oír sentencia, es decir, que el tribunal dicte esta resolución con el objeto de que proceda a fallar el juicio, en primera instancia", sostuvo.
Morgado explicó que el Fisco plantea que aquí exisitó una situación de fuerza mayor, de caso fortuito atribuido exclusivamente a circunstancias meteorológicas respecto a las cuales no cabe responsabilidad alguna al Estado por falta de servicio. En cambio, las familias de las víctimas manifiestan no solamente las faltas de servicio.
"Es decir, no solamente que esta misión jamás debió haberse desarrollado por las condiciones meteorológicas adversas que hoy en día está absolutamente normado, lo que es las condiciones mínimas en las que se puede volar", dijo.
Asimismo apuntan a que la maniobra de vuelo desarrollada a baja altura entre la isla Robison Crusoe y la isla Santa Clara fue "escencialmente riesgosa" que generó que se precipitara la aeronave en conjunto con los vientos imperantes en la zona.
"Las familias demandantes pidieron se dictara fallo, sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado se opuso y solicitó una orden de no innovar por apelaciones pendientes de incidentes que existen en la Corte de Apelaciones, que ellos apelaron pero esa orden de no innovar ya fue rechazada por parte de la Corte, razón por la cual nosotros estimamos que el tribunal debería acoger la petición de las familias de las víctimas en torno a citar las partes de sentencia y fallar la causa", expuso el abogado.
