SANTIAGO.- Este miércoles, durante el juramento efectuado a una nueva generación de abogados, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se refirió al problema que aqueja al órgano que lidera: la acusación constitucional que la oposición presentó contra los jueces de la Sala Penal que otorgaron libertad condicional a condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
El ministro relató los motivos esgrimidos en el líbelo y señaló que se debió a que la sentencia se hizo "desoyendo normas del derecho internacional de los derechos humanos, que harían exigible el cumplimiento efectivo y completo del castigo que se haya impuesto". Asegura, entonces, que la acusación reduce la actuación de los ministros a "la dictación de las sentencias" y concluye que se dirige, más bien, al contenido del fallo.
"Esta Corte ha sostenido que con la acción se traspasan los límites de la potestad jurisdiccional, pues no se trata de una discrepancia con lo decidido, actitud de debate jurídico del todo conveniente en una sociedad democrática: se trata de la pretensión de exonerar a los jueces como consecuencia de su opción jurídica, al tiempo de resolver el recurso de apelación planteada", señaló.
Además de resaltar la función de la separación de los poderes del Estado, Brito aseguró que la acción de los parlamentarios "tiene graves consecuencias para el sistema de justicia, porque altera las certezas que deben darse a las personas en cuanto a la definitiva conclusión de los asuntos luego de haberse formulado las impugnaciones procesales que establecen las leyes, pues la decisión de estos importa el cierre definitivo del juicio".
"La Constitución política y la doctrina más autorizada sostienen la imposibilidad de fundamentar esta clase de acción en el contenido de la sentencia", expresó el ministro, señalando que "preocupa a esta Corte que se resienta un sistema de justicia que se ha instalado entre los mejor posicionados de la región".
