SANTIAGO.- Sin hacer mayores comentarios por la renuncia de
Gonzalo de la Carrera como vicepresidente del directorio de Enap, el ministro Secretario General de la Presidencia,
Gonzalo Blumel, se refirió a la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), organismo que finalmente presentó cargos en contra de la estatal por los episodios de contaminación en las comunas de Quintero y Puchuncaví.
Pese a que desde la petrolera han rechazado las imputaciones de la SMA -lo que gatilló en la dimisión del ejecutivo-, anunciando incluso acciones legales por ello, Blumel llamó en entrevista con T13 Radio a "valorar esta resolución de la superintendencia", que tiene que ver con los hechos ocurridos en la zona el 21 y 23 de agosto, y no con lo acontecido hace dos días donde aún no se ha esclarecido qué clase de contaminantes afectaron a la población.
"Aquí lo que está pasando es que la institucionalidad está operando. La superintendencia es autónoma, hace una investigación y finalmente, establece responsabilidades (...) Hay que respetar su autonomía", comentó.
Seguido de ello, enfatizó en que "para el Gobierno lo de Quintero no solo es inaceptable, sino que además es algo que es muy grave, y la principal preocupación del Presidente (Sebastián Piñera) y de los ministros, es que esto se pueda resolver a la brevedad. Se anunció un plan de trabajo para abordar los problemas coyunturales y de fondo en Quintero".
"El Presidente ha planteado tres ejes de acción, que es poner en marcha el plan de descontaminación, que fue rechazado en tres ocasiones anteriores y esperamos tenerlo aprobado en los próximos tres meses. Lo mismo del fortalecimiento de la red de atención de salud y también estaciones de monitoreo permanente que increíblemente no habían", agregó el secretario de Estado.
En concreto, precisó Blumel, "lo que se tiene que hacer es verificar que se cumplan los estándares más altos. Eso es lo que señaló el Presidente, que se van a exigir normas mucho más exigentes. Y segundo, verificar con el plan de descontaminación si los instrumentos vigentes permiten cumplir con la calidad ambiental que se requiere para asegurar la salud de la población, que es la primera prioridad".
