SANTIAGO.- Un "categórico" rechazo a la acusación constitucional realizada contra tres ministros de la
Corte Suprema manifestó un grupo de abogados constitucionalistas a través de una carta enviada a El Mercurio.
La acción, que alega "un notable abandono de deberes" fue realizada por un grupo de diputados de oposición a raíz de las siete libertades condicionales concedidas por los miembros de la Segunda Sala penal a condenados por crímenes de lesa humanidad.
"La Constitución Política de la República otorga facultad de conocer, resolver y hacer ejecutar lo juzgado, estándoles expresamente prohibido tanto tanto al Presidente de la República como al Congreso Nacional ejercer funciones judiciales y revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones", sostienen los 14 firmantes.
Se trata de los ex ministros del Tribunal Constitucional (TC), José Luis Cea, Enrique Navarro y Marisol Peña; el primer fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, el consejero del Consejo Nacional de Televisión, Gastón Gómez, y el ex secretario de Estado, Paulino Vargas; además del embajador de Chile en Estados Unidos entre 2010 y 2012, Arturo Fermandois, y los profesores de Derecho Constitucional Sergio Carrasco, Eugenio Evans, Ana María García, Salvador Mohor, Emilio Pfeffer, Fernando Saenger y Mario Verdugo,
En esa línea, los litigantes señalaron que "de la lectura de la acusación presentada se observa una vulneración del principio de independencia del Poder Judicial y se desprende inequívocamente la pretensión de cuestionar la interpretación efectuada por los jueces respecto de la normativa nacional e internacional, materias que son de la exclusiva competencia de los tribunales de justicia, lo que constituye uno de los fundamentos esenciales de nuestro Estado de Derecho".
Y concluyen indicando que la acción "constituye un abuso o exceso de poder que se inmiscuye en las atribuciones exclusivas de los tribunales de justicia, vulnerando el principio de independencia judicial, que desde nuestros primeros ordenamientos constitucionales forma parte de nuestra República y del orden institucional".
Esta semana, también mostró su rechazo a la herramienta el defensor nacional, Andrés Manhke, quien afirmó que se debería optar por cambios legislativos. Además, la máxima autoridad de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se reunió con el Presidente Sebastián Piñera para manifestarle la preocupación de Pleno sobre el tema.
