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Abogados defensores de supremos apuntan a responsabilidad del Congreso por no legislar en materia de DD.HH.

Los tres representantes de los ministros de la Corte que enfrentan la acusación constitucional expusieron ante la comisión de la Cámara que revisa el libelo, explicando además que el derecho internacional sí permite la libertad condicional a este tipo de condenados.

07 de Septiembre de 2018 | 14:43 | Por Verónica Marín, Emol
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Los tres abogados expusieron hoy ante la comisión.

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SANTIAGO.- Los abogados Davor Harasic, que representa a Hugo Dolmetsch, Jorge Correa Sutil, que defiende a Manuel Valderrama, y Alfredo Etcheberry, quien aboga por Carlos Künsemüller, expusieron ante la comisión de la Cámara que revisa la acusación constitucional presentada por parte de diputados de oposición en contra de los tres ministros de la Corte Suprema.

Esto luego que los jueces, integrantes de la sala penal, otorgaran haber la libertad condicional a siete condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.


En su presentación, los juristas tuvieron como argumento central que los supremos actuaron en base a la normativa legal vigente en el país, y que si existe malestar ciudadanos sobre las libertades condicionales, es porque desde el Poder Legislativo no se ha modificado esta posibilidad.

Asimismo, indicaron que el derecho internacional, específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Penal Internacional (que se basa en el estatuto de Roma), han establecidos ciertos parámetros de actuación que sólo aplican para ellos mismos, y que en cualquier caso se equivoca el libelo al decir que existe jurisprudencia en la materia.

Responsabilidad del Congreso


El primero en exponer fue Harasic, quien indicó que la responsabilidad de que se pueda dar la libertad condicional a los condenados por estos crímenes "es de ustedes", dijo a los diputados.

El jurista entregó a los parlamentarios un listado de diez proyectos de ley que se han presentado en el Congreso desde el año 2016 relativos a esta materia, por lo que subrayó que los miembros de la segunda sala penal del máximo tribunal solo actuaron de acuerdo a la normativa vigente.

"Nunca ha habido un intento tan burdo de intervenir contra la independencia del poder judicial"

Davor Harasic

También citó a la ex Presidenta Michelle Bachelet, recalcando que ahora es alta comisionada de Derechos Humanos en la ONU, y explicó que en un proyecto que ella presentó estando aún en La Moneda, el 16 de enero de este año, "se mantiene la deuda respecto a las penas de condenados por delitos a los derechos humanos".

Según el abogado la utilidad de la acusación constitucional es "nula" ya que no se podrá revertir el fallo ya aplicado y por otro lado aseguró que "sería aberrante" que con esta acción se pretendiera ejercer presión para que otros jueces de la Suprema, en caso de acogerse la acusación, no fallen de la misma manera.

"Nunca ha habido un intento tan burdo de intervenir contra la independencia del poder judicial", subrayó Davor Harasic.

Asimismo reconoció que él, a diferencia de su representado (Dolmetsch), hubiera votado en contra de otorgar la libertad condicional. Según explicó, y enfatizando a que se debe a "razones personales", su decisión se basa en que durante la dictadura no mantuvo un rol activo en la materia -a diferencia de los otros dos abogados presentes- y es algo que no le acomoda.

Derecho internacional


Luego fue el turno del abogado Jorge Correa Sutil, quien se refirió a la experiencia internacional que existe sobre el otorgamiento de libertades condicionales a estos condenados y al rol que a Chile le corresponde, haciéndose cargo a los argumentos de la acusación que a ello se refiere.

"En el derecho internacional no existe deber alguno de no aplicar la libertad condicional cuando ya se ha cumplido la mitad de la pena. No hay regla general en materia de derechos humanos, y en lo demás se recomienda dar este beneficio", aseguró.

"Son los jueces los que han hecho una justicia que no tiene parangón en el mundo"

Jorge Correa Sutil

El abogado aseguró que no existe parangón en materia internacional y no se puede decir que se ha vulnerado ni el Estatuto de Roma ni a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ambos organismos explican que lo que ellos dictan debe ser aplicado para ellos mismos y manifestó que por ende la acusación es "superficial e infundada".

Correa Sutil dijo además que Chile es el único país que ha ejecutado 120 condenas por violaciones a los derechos humanos y entre los que se cuentan personas que fueron ejecutores de éstas, no solo a sus jerarcas como sí en otras naciones. A su juicio, estos tres jueces ahora cuestionado han tenido un rol activo justamente para que esas condenas se hayan concretado. "Son los jueces los que han hecho una justicia que no tiene parangón en el mundo", recalcó.

"Hay una invasión a la independencia judicial", sostuvo junto con asegurar que esta independencia de la Sala Penal, se ve ahora "amenazada" con esta acción parlamentaria.

No puede haber trato desfavorable


Finalmente, el último en exponer fue Etcheberry quien explicó que el derecho internacional dice que los condenados no pueden recibir privilegios, "pero tampoco pueden ser tratados de forma desfavorable".

"No solo no se prohíbe el otorgamiento de beneficios, sino que se prevé especialmente que sean aplicados", resaltó.

El abogado cuestionó que en la acusación se califique de "irrisorio" el actuar de los jueces y se les acuse de dejar a los condenados en la "más absoluta impunidad".

"Los que dicen eso es porque nunca han estado presos, ni menos en una cárcel chilena", subrayó.
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