Andrés Pérez Cuenca / Alex Valdés, El Mercurio
SANTIAGO.- "Pretender aplicarle la disposición general del artículo 3° de la LOC CGR, que permite al contralor remover a los demás 'empleados' de la Contraloría por razones de confianza, obviando su carácter de juez de la República,
constituye un atentado a las bases del Estado de Derecho".
Así de categóricos son los 37 abogados que suscriben una carta enviada a "
El Mercurio" a favor del caso de
Dorothy Pérez, la subcontralora que se negó a presentar su renuncia a
Jorge Bermúdez, el actual contralor general.
Bermúdez argumentó que hay una posible falta de confianza ya que Pérez fue citada a declarar como testigo en el marco del megafraude de Carabineros, que ya supera los $27 mil millones.
En la misiva, explican que en 2002 la Ley 19.817 modificó la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia. "En su historia fidedigna, se reconoció expresamente tal inamovilidad al subcontralor" y que el cargo "no es de libre remoción por razones de confianza".
Los juristas continúan señalando que la "función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas justifica el estatuto de inamovilidad del artículo cuarto de la LOC CGR, pues lo reviste de la independencia indispensable para actuar dentro de los márgenes del Estado de Derecho".
Asimismo agregan la ley "explicita que ambas autoridades solo pueden ser removidas a través de un juicio de amovilidad, garantía que se aplica a todos los jueces de la República".
Es por esto que "ignorar esta norma específica y arrogarse la facultad de remoción discrecional del juez de primera instancia de los juicios de cuentas dejaría a este en una situación de precariedad incompatible con la función que la ley encomienda al subcontralor".
