El Presidente en la expansión del Data Center de Google.
Agencia Uno
SANTIAGO.- El Presidente Sebastián Piñera aseguró este miércoles que como Gobierno de Chile esperan con "mucha tranquilidad" la sentencia que la Corte Internacional de Justicia de La Haya dará a conocer el próximo 1 de octubre por el caso "Obligación de Negociar un Acceso al Océano Pacífico" iniciado por la demanda boliviana en 2013.
Ante esto, el Mandatario reafirmó algunos aspectos: "Primero, todos los temas fronterizos con Bolivia fueron resueltos en forma clara y categórica en un tratado de paz y amistad que ambos países firmamos en forma libre y voluntaria, y que se encuentra plenamente vigente, el Tratado de Paz y Amistad del año 1904".
Asimismo, recalcó que "Chile siempre ha sido un país respetuoso del derecho y de los tratados internacionales. En consecuencia, Chile va a cumplir y va a hacer cumplir el Tratado de 1904".
En ese contexto, el jefe de Estado recalcó que "como Presidente de todos los chilenos, quiero dar la más plena garantía, como siempre ha sido en nuestro país, porque ésta es una política de Estado, de que hemos y vamos a seguir defendiendo con todos los instrumentos de la historia, del derecho y del derecho internacional, nuestra integridad territorial. Eso significa nuestro territorio, nuestro mar y nuestra soberanía".
Con ello, Piñera añadió que "Chile siempre ha estado dispuesto a conversar, a dialogar con todos los países del mundo y especialmente con los países vecinos para avanzar en la solución de los problemas. Obviamente que dentro del marco del cumplimiento de los tratados internacionales válidamente celebrados y plenamente vigentes, como el Tratado de 1904, y dentro de un marco de buena voluntad y de respeto entre las partes".
"Por tanto, como Gobierno de Chile esperamos con mucha tranquilidad esta sentencia que la Corte Internacional va a dar a conocer en una audiencia pública el próximo 1 de octubre", expresó el Presidente, tras participar del anuncio de expansión de Data Center de Google Chile, en Quilicura.
Nuestro país sostiene que no existe fundamento jurídico para la demanda boliviana, ya que nunca ha asumido una obligación de negociar en un tratado ni en declaraciones unilaterales, ni tampoco se podría decir que por escuchar a Bolivia ha surgido una obligación jurídica.
