SANTIAGO.- A través de un comunicado,
la Red Latinoamericana de Jueces (Redjal), se sumó al rechazo manifestado por algunos abogados y autoridades a la acusación constitucional presentada contra tres ministros de la
Segunda Sala de la Corte Suprema que otorgaron libertades condicionales a siete condenados por crímenes de lesa humanidad.
Así, el organismo internacional integrado por con magistrados representantes de 19 países de América del Sur, Centroamérica, Caribe, México y España, manifestó su "profunda preocupación por la situación de presión, hostigamiento y amedrentamiento que ha venido afectando a los Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Chile, señores Hugo Dolmetsch, Carlos Kunsemüller y Manuel Valderrama, quienes no obstante haber actuado con estricta sujeción y respeto a la Constitución y las leyes".
En esa línea, la Redlaj también rechazó "categóricamente" que, a través de un juicio político basado en un presunto "abandono de deberes", "se encubra realmente un reproche y sanción" a los magistrados, "por las decisiones jurisdiccionales que han adoptado dentro de la esfera de sus competencias, lo que constituye un grave atentado contra la independencia judicial y el estado de derecho".
Además, indican en la misiva firmada desde San Juan, Argentina, objetan "toda injerencia que atente contra la Independencia Judicial, la que constituye un valor intransable para la judicatura, como asimismo, una garantía irrenunciable, representando este tipo de acciones un atentado al orden democrático y a la división de poderes que debe existir en nuestros estados".
Concluyen "solidarizando" con los acusados durante "este momento tan crucial para el verdadero respeto de la Independencia Judicial".
Esta mañana, la comisión parlamentaria creada para la revisión del mérito de la acusación entregará a la Cámara un informe elaborado tras escuchar los testimonios de tanto a las partes acusadoras, como expertos en la materia y las defensas de los ministros.
Posteriormente, todos los diputados deberán decidir si acogen o no la denominada "cuestión previa", debiendo oír a los juristas de los supremos. Si la aprueban, la discusión finaliza ahí, mientras que si la rechazan, deberán pronunciarse respecto del fondo del proceso y dar inicio a la votación.
