SANTIAGO.- En julio y septiembre de 1974, los universitarios y miembros de MIR, Álvaro Vallejos Villagrán (25 años) y María López Stewart (21 años) fueron detenidos por agentes de la DINA. A él lo llevaron a los centros de tortura "Villa Grimaldi", "Cuatro Álamos" y "Colonia Dignidad"; a ella, a un recinto clandestino en Ñuñoa. Hasta la fecha, aún se desconoce el paradero de ambos.
El 6 de agosto pasado, la Segunda Sala de la Corte Suprema condenó a 22 ex uniformados, entre ellos el brigadier (r) Miguel Krassnoff Martchenko, a penas superiores a los diez años de presidio como autores del secuestro calificado de la estudiante de Pedagogía en Historia y Geografía, en el marco de la denominada "Operación Colombo".
Mientras que en el caso del alumno de Medicina el máximo tribunal del país sentenció por secuestro a cuatro personas, incluidos Krassnoff y un miembro del extinto enclave alemán. Además, ordenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $300 millones a la esposa (con quien tuvo un hijo) y hermana de la víctima.
Estos fueron los primeros fallos dictados en materia de DD.HH. por la Sala Penal, tras haber otorgado las libertades condicionales a ex reos de Punta Peuco y Colina 1 que significaron una acusación constitucional a tres de sus integrantes y que finalmente fue rechazada el pasado viernes, de madrugada.
Así también, ambas son parte de los cientos de sentencias emitidas desde 2002 al 24 de agosto de 2018, por casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
Según información recopilada por el Poder Judicial, en los últimos 16 años, la Segunda Sala de la Suprema ha dictado 405 sentencias en materia penal (395) y civil (10). De estas, 31 han sido dictadas durante 2018.
La mayoría de los fallos fueron por los delitos de secuestro calificado (160) y homicidio calificado (98).
Indemnización del daño moral
Durante su exposición ante la comisión parlamentaria que debía revisar el mérito de la acusación presentada por un grupo de diputados de la ex NM y el Frente Amplio, el ex integrante de la Sala, Milton Juica, señaló que los fallos emitidos en los últimos tres años implicaron a 344 condenados y 318 víctimas.
Así, llevó además su defensa hacia el ámbito civil: "Hemos luchado hasta incluso contra el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que postula por la aplicación de los tratados internacionales respecto de la defensa de los DD.HH., pero no postula por cuestiones de prescripción, respecto de las indemnizaciones de las víctimas".
En este sentido, la Segunda Sala dictó durante el mismo periodo 188 sentencias en las que acogieron las demandas de indemnización de perjuicios interpuestas contra el Estado de Chile.
Estas implicaron el pago de $48.098 millones a las víctimas directas -quienes sufrieron el delito denunciado- o las indirectas -familiares-.
Si bien las demandas por indemnización del daño moral causado suelen verse en instancias civiles, desde 2014 la Corte Suprema decidió que aquellas ligadas a causas del antiguo sistema fueran vistas en la Sala Penal, indicaron desde el Poder Judicial.
La mayoría de los casos acogidos fueron por los delitos de secuestro calificado (81) y homicidio calificado (51).
El monto a pagar más bajo fue de $10 millones, en demandas por apremios ilegítimos, secuestro simple, homicidio calificado y errónea identificación de restos. En tanto, el más alto fue de $6.600 millones a distribuir en más de cuarenta víctimas de secuestro simple y calificado, y homicidio calificado, en el marco de la Caravana de la Muerte, episodio Copiapó.
