SANTIAGO.- Casi 10 mil alumnos en más de 30 establecimientos de las comunas de Quintero y Puchuncaví deberán regresar a las salas durante este lunes después de los episodios de emergencias ambientales que han sufrido y que dejaron
más de 600 personas intoxicadas.
El
Comité Operativo de Emergencia (COE) levantó la alerta amarilla en la zona tras "una semana en que no se han observado niveles de contaminación atmosférica en ambas comunas y una cantidad importante de días en que no ha habido ninguna consulta médica producto de esta situación", según lo anunciado el jueves pasado por el intendente
Jorge Martínez.
Pero esa afirmación cambió al día siguiente cuando diez personas llegaron hasta el hospital Adriana Cousiño presentando síntomas de intoxicación.
Según María Araya, del Consejo de Salud Consultivo de Quintero, los episodios correspondían a la misma causa de la contaminación ambiental que ha afectado a la zona hace más de un mes.
En las comunas afectadas temen que se repita lo ocurrido a comienzos de septiembre, cuando después de una semana de alerta amarilla se retomaron las clases: durante el día, estudiantes llegaron hasta el hospital con mareos, indigestión y vómitos.
Moira Gallardo, miembro del Centro de Alumnos del Colegio General Velásquez Bórquez de Puchuncaví, recordó que en esa ocasión "a las 9 de la mañana en mi colegio ya habían intoxicados y ese miedo está. Si la vez pasada pasó algo apenas se desactivó la alerta amarilla, ¿por qué ahora podría ser distinto?".
Si bien el Gobierno llegó a un acuerdo con las empresas del cordón industrial de Quintero y Puchuncaví para la reducción inmediata de operaciones, los padres de los estudiantes aún no están de acuerdo con la medida adoptada por el COE.
"Los papás están pidiendo la alerta sanitaria por el miedo de enviar a clases a los niños más chicos. Han dicho incluso que no los van a mandar hasta que el ambiente sea moderado, porque en este tiempo se han sobrepasado muchas reglas", agregó Gallardo.
Carlos Muñoz, presidente del Centro de Padres y Apoderados del Colegio Alonso de Quintero y representante de los apoderados del resto de los establecimientos, conversó con Cooperativa y señaló que "hay una angustia en los hogares por determinar si efectivamente se envía o no se envía a los niños a las escuelas".
Muñoz manifestó que están abiertos al diálogo con las autoridades para encontrar soluciones y que esperan "que nos devuelvan la dignidad y que se detenga el progresivo deterioro de la salud de nuestros hijos".
Falta de monitoreo y regulación
Un estudio, encargado hace meses por la
Asociación de Industriales de Valparaíso (Asiva) -conformada por AES Gener, Catamutun, Codelco, Enap, Enel, Esval, Gasmar, GNL Quintero, Melón, Oxiquim y Puerto Ventanas- reveló que que existe una serie de dificultades para identificar las fuentes.
Estos factores serían "la naturaleza fugaz de los episodios de olor, cambios en la velocidad y dirección del viento, fuentes múltiples de olor potencial dentro de una misma área específica y la disponibilidad de denunciantes que corroboren los episodios", entre otros.
Una de las primeras observaciones del informe es que "en nuestro país se observan importantes brechas entre la regulación y las necesidades regulatorias para enfrentar la contaminación por olores".
El documento agrega que "aún no se han profundizado instrumentos específicos de gestión ambiental de carácter objetivo", y que "la legislación ambiental actual no contempla la existencia de parámetros cuantificables que permitan determinar un umbral objetivo sobre el cual se configure inequívocamente un caso de contaminación; y en segundo lugar, un valor sobre el cual se produzca daño a la salud".
