SANTIAGO.- Distintas autoridades ligadas a la infancia llegaron hasta el ex Congreso para dar inicio a la reunión de coordinación que encabezó el Ministerio de Justicia respecto del crítico informe que emitió el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los menores del Sename.
Entre estos, la directora del Servicio, Susana Tonda, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, el presidente del Senado, Carlos Montes, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el director general de PDI, Héctor Espinosa.
A casi dos meses de conocerse públicamente el documento donde se atacó fuertemente la labor de los poderes Ejecutivo y Judicial, el ministro Hernán Larraín sostuvo que la situación "nos permite, a pesar de la vergüenza que nos asiste y el dolor por la constatación que se hace a nivel internacional, asumir esta realidad y yo siento un compromiso muy generalizado de todos para hacernos cargo de esas críticas, de las recomendaciones que nos hacen, y de tomar los problemas como una urgente necesidad de transformación".
Así, anunció haber establecido como plazo de entrega de la información solicitada a cada una de las instituciones requeridas el viernes 26 de octubre. Luego, la cartera espera remitir los antecedentes al Presidente de la República el 19 de noviembre, para que así este envíe la respuesta final a la ONU el 1 de diciembre.
"Yo siento que en este afán de preparar una respuesta a ese informe, más allá de contestarlo, lo que estamos buscando es reafirmar y profundizar un compromiso del Estado con la niñez vulnerable y las oportunidades que todos los menores deben tener en Chile y que no las han tenido en las últimas décadas", añadió el secretario de Estado.
En tanto, Tonda indicó que "si yo pudiera resumir en una frase o algo, es que esta es una tremenda oportunidad de presentar proyectos, planes de mejoraras y política pública que vaya en superar aquellas debilidades que nos encontraron. Todos los diagnósticos, incluidos los de la ONU, concluyen que el Sename está en crisis, entonces creo que tenemos la tremenda oportunidad de empezar a plantear en el futuro cómo mejorar".
En el informe de las Naciones Unidas, realizado a partir información recopilada y visitas especiales, se indicó que para finales de 2016 había 14.245 niños, niñas y adolescentes en residencias de administración directa (Cread) y centros colaboradores de administración privadas (OCAS); además de acusar una derivación indiscriminada por parte de los tribunales de Familia.
Sin embargo, declaraciones de la jueza Claudia Negroni, y cifras enviadas desde el servicio a Emol, revelan lo contrario. De acuerdo a estas últimas, 5.728 menores fueron enviados a los centros de protección del país por orden de los tribunales de Familia en 2013. Ya en 2017 la cifra cayó a 3.788 casos, lo que implica una baja del 34%.
Consultada sobre esto, Tonda respondió, que "sin duda el tema está avanzando en que nosotros tenemos que ver cómo fortalecemos el trabajo para que los niños permanezcan con sus familias y cada día vamos a ir más en esa línea (...) Vamos a trabajar en el informe con cifras y con datos, con proyectos, con planes, y vamos a ir respondiendo cómo vamos a ir mejorando el trato".
Por su parte, el fiscal Abbott añadió que "desde el Ministerio Público hemos comprometido toda nuestra colaboración y también hemos dado cuenta del trabajo que estamos realizando a la fecha con el objeto de proteger a los niños, niñas y adolescentes, particularmente aquellos que se encuentran bajo el amparo del Estado".
