El liceo tras el incendio.
El Mercurio.
SANTIAGO.- En un fallo unánime, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado por 11 apoderados del Liceo Miguel Luis Amunátegui en contra del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, por la decisión de reubicar a los alumnos de dicho establecimiento.
En conflicto se generó a partir de una toma que hicieron algunos estudiantes el pasado 6 de junio. En ese contexto, durante la madrugada del 16 de ese mes se produjo un incendio en la sala de profesores. A los días, el jefe comunal informó a la comunidad escolar la suspensión total de clases.
Además, el jefe comunal sostuvo que los cerca de 700 alumnos serían reubicados en otro liceo para terminar el año escolar ya que las reparaciones no estarían listas durante las vacaciones de invierno.
Posteriormente, el 29 de junio, el subdirector de Educación de la Municipalidad, Juan Antonio Abarca, informó que los estudiantes serían reubicados en el Liceo Comercial Gabriel González
Videla.
Los argumentos
De acuerdo a los demandantes dicha "a decisión de la autoridad municipal es arbitraria e ilegal, por cuanto ha provocado un grave perjuicio a los estudiantes del establecimiento educacional, los que se encuentran enfrentados a la incertidumbre respecto al término de su año escolar, como asimismo a su disgregación como comunidad".
Además, pusieron en duda la envergadura de los daños, así también como el tiempo de reparación y presupuesto requerido.
Ante esto, el jefe de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Santiago, Agustín Romero señaló en un informe que se efectuaron los presupuestos estimativos de daños ocasionados por la toma, los que ascendieron a $353.955.313. De estos, $336.272.883 corresponden a la reparación del liceo y $17.682.430 a la reposición del inmobiliario destruido.
Además, indicó que el Departamento de Prevención de Riesgos de la municipalidad inspeccionó el establecimiento, despachando un oficio en el que se acreditó que el "lugar siniestrado presenta condiciones de riesgo no controladas que generan situaciones de peligro para la comunidad escolar; que el establecimiento no se encuentra en condiciones sanitarias y de orden para su habilitación inmediata". Añadió también que un documento técnico de la Asociación Chilena de Seguridad, el cual corroboró dichas aseveraciones.
Concluyen su defensa recalcando no ser efectivo que se decretara el cierre del liceo, sino que este solo se trasladó al comercial González Videla, donde se seguirán prestando los servicios a los alumnos en la jornada de 14:00 y 20:15; y que Alessandri no es el responsable de la suspensión de clases, ya que esa es una decisión que emana de la Secretaría Regional Ministerial de Educación.
La resolución
Frente a los argumentos presentados, el tribunal de alzada señaló que "el establecimiento en cuestión no ha dejado de existir como tal y únicamente se ha trasladado físicamente durante este segundo semestre educativo".
Además descartó la responsabilidad del alcalde de Santiago en la decisión impugnada y sentenció que "las actuaciones de la recurrida se han apegado estrictamente al marco legal que le impone al Alcalde el deber de velar por la protección de la vida, integridad y salud de los alumnos, docentes y demás funcionarios y trabajadores" del liceo.
Finalizan señalando que tampoco se advirtió arbitrariedad en la actuación del alcalde, "por cuanto no ha sido el capricho el motivo de las peticiones efectuadas a la Secretaría Regional Ministerial de Educación", sino más bien las consecuencias del siniestro.
