SANTIAGO.- En medio de las diligencias y detenciones llevadas a cabo para desbaratar completamente a la organización indagada por el fraude cibernético de
$4 mil millones, "Zares de la Web",
el fiscal Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, increpó a las entidades encargadas de la fiscalización de bancos.
"Lo que una sociedad espera el día de hoy del comercio electrónico es contar con una institucionalidad sólida y robusta, y también con una legislación que le dé garantía a los usuarios y ciudadanos de que la información que circula por Internet a través de las plataformas informáticas del mercado financiero está a debido resguardo y no puede ser vulnerada fácilmente", partió señalando el persecutor tras la detención de dos nuevos involucrados en el caso que involucra secuestro de información, hackeo de páginas y estafas reiteradas.
En esa línea, agregó: "Sin duda se ejecutaron acciones y hubo hechos que en su oportunidad debieron ser alertados por las entidades encargadas de la supervigilancia, del control y de los avisos, como la Unidad de Análisis Financiero, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y es importante que todos los que forman parte de este mercado cumplan y se coordinen adecuadamente para contar con medidas de resguardo y seguridad".
En tanto, el subprefecto Rodrigo Figueroa, jefe de la Brigada de Cibercrimen, señaló que la investigación se inició a partir de las denuncias que realizaron algunos de los afectados. Posteriormente se estableció un patrón y dio aviso a la fiscalía para que esta emitiera una orden de investigar.
Así, el policía explicó que la organización estaba "bastante estructurada" y que incluso se le advertía a quienes prestaban sus cuentas para almacenar provisionalmente los dineros sustraídos que, ante cualquier sospecha, aseguraran que este correspondía a la herencia de un amigo que no tenía donde recibir el depósito.
"Para que no sea sospechoso de la UAF, el SII porque de repente traspasan mucho dinero, trataban de buscar un empresario que pudiera manejar esa cantidad de dinero y que no levantara sospechas", indicó en referencia al cantante de reggaetón formalizado, Givens Laguerre.
"Al poco andar (la investigación) se pudo detectar las habilidades informáticas que tenía (la organización) para cometer estos delitos, pero en segundo lugar también las debilidades y falencias que tienen los sistemas de seguridad las distintas instituciones que se vieron afectadas".
Fiscal Raúl Guzmán
Ante una eventual omisión de aviso de una transacción sospechosa, el detective añadió: "Lo que pasa es que a nivel global, y Chile no está exento de eso, existen las cifras negras de denuncia porque se privilegia la imagen corporativa. No solamente de las grandes empresas, sino que las entidades bancarias también"
Ante la situación, desde la UAF recalcaron la información dispuesta en su sitio web, respecto que su misión es buscar indicios de lavado de activos y/o financiamiento de terrorismo a partir de los reportes que realizan las entidades público y privadas inscritos, entre ellos bancos, bolsas de valores, casinos y casas de cambio.
Si estos últimos informan de una operación sospechosa, el organismo de análisis financiero procederá a realizar una inteligencia financiera y de, constatarse aquello, remitir un oficio al Ministerio Público. Por normativa, no tienen la facultad de iniciar una investigación de oficio.
En caso de que el sí detectó alguna situación y no la informó, la UAF tendrá que esperar que se acredite tal en la investigación penal y posteriormente evaluar sanciones, las que pueden ir desde una amonestación al pago de una millonaria multa.
Por su parte, fuentes de la SBIF señalaron a Emol que la superintendencia se creó con el fin de asegurar que los bancos administren sus negocios "de forma adecuada", además de tener "un modelo legal de supervisión que no es por incidentes", sino que por riesgos.
Esto quiere decir que no revisa casos puntuales, y que el objetivo final es constatar que los bancos administren correctamente sus negocios para proteger a los clientes y al Fisco. El esquema no es multar, sino que calificar a las entidades que gestionan mal su negocio.
Cambios legislativos
El caso estalló públicamente este fin de semana, luego que la PDI concretara una serie de detenciones. Hasta la fecha, la situación ha implicado la formalización y detención de 18 personas, de las cuales 16 se encuentran con la medida cautelar de prisión preventiva. La indagatoria, en tanto, se remonta a junio del año pasado.
"Al poco andar (de la investigación) se pudo detectar las habilidades informáticas que tenía (la organización) para cometer estos delitos, pero en segundo lugar también las debilidades y falencias que tienen los sistemas de seguridad las distintas instituciones que se vieron afectadas", añadió el persecutor, llamando a la necesidad de modernizar la ley de delitos informáticos.
Ante esto, el asesor presidencial en materias de ciberseguridad, Jorge Atton, sostuvo que "este hecho demuestra la importancia del tema, no solamente para las instituciones, sino que para todas las personas".
$4.000Millones de pesos habrían sido sustraídos por la organización.
Es por esto que recalcó la necesidad de actualizar la normativa, anunciando que en los próximos 15 días se ingresará el proyecto de ley de delitos informáticos, el cual contempla un aumento de penas.
"Así también, le estamos dando suma urgencia al proyecto de datos personales que es relevante, de manera que tengamos una institucionalidad que proteja la información de cada uno de nosotros", concluyó.
El fiscal Guzmán también indicó que se requerirán a las instituciones financieras e involucradas tanto en Chile como en el extranjero, las medidas de seguridad y acciones que permitieron vulnerar las medidas de seguridad.
