SANTIAGO.- Los diputados de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan Antonio Coloma (UDI) y Leonardo Soto (PS), hicieron un llamado este domingo al Gobierno para que coloque urgencia a los proyectos que buscan modificar la forma de nominar a los miembros del Consejo de Defensa del Estado y su duración en el cargo.
Tras la renuncia de la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, a su puesto en el organismo, ambos parlamentarios reconocieron que el episodio reabrió el debate sobre la materia, asegurando que existiría un acuerdo transversal para sacar adelante una iniciativa que acorte el periodo de los consejeros y establezca su dedicación exclusiva en el cargo.
Desde 2015 en adelante, se han ingresado seis proyectos a la Cámara Baja, los cuales coinciden en la necesidad de reducir el periodo de permanencia de los consejeros -que actualmente es hasta los 75 años- y de abrir la participación en la selección de los postulantes, que hasta ahora es facultad exclusiva del Presidente, al Senado.
Al respecto, el legislador gremialista señaló que la idea es contar "con personas de reconocida trayectoria judicial y no que hayan tenido únicamente una trayectoria política. También queremos modificar el plazo. A Javiera Blanco, si no hubiese renunciado, le quedaban más de 30 años como consejera, lo cual es un despropósito".
"Queremos establecer plazos parecidos como por ejemplo al de los consejeros del Banco Central, que duran 10 años", añadió.
En ese contexto, el parlamentario dijo a Emol que "yo me reuní hace un par de semanas con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, para pedirle que le pusiera urgencia a uno de estos proyectos de ley, no solo por la contingencia, sino porque se hace urgente normar de mejor forma el trabajo de los consejeros del CDE".
"Más aun cuando el trabajo que ellos desarrollan no es de dedicación exclusiva como yo considero que debiera ser. Lo que me plantearon es que el Gobierno está con la intención de modificar la duración e incluso la forma en que se nominan los consejeros. Yo creo que es un tema urgente, para devolver al CDE el prestigio perdido en los últimos años", dijo.
Consultado sobre si hay espacio en la agenda de la comisión para tratar este tema, Coloma indicó que "aquí se requiere solo voluntad política, estos son proyectos fáciles en su tramitación. Aquí no hay grandes discusiones, es solo si queremos tener consejeros inamovibles de por vida o si le vamos a dar un plazo acotado".
"Solamente depende de si estamos buscando personas que pueden trabajar en la mañana en el CDE y en la tarde ver causas particulares. Esa es la definición que hay que tomar, este es un proyecto en que escuchando a algunos especialistas no debería tardar más de 3 o 4 sesiones en ser despachado y yo espero que el Gobierno le de urgencia", enfatizó.
Asimismo, recalcó que "no creo que haya mayores diferencias ideológicas cuando lo que se quiere hacer es normar el buen uso de un cargo que hoy día, lamentablemente, sobre todo en el caso de Javiera Blanco, se prestó para abusos por la forma en que se nominó, a última hora y en contra de la opinión de destacados abogados que sugerían a alguien especialista".
Acuerdo en la oposición
En tanto, el diputado Soto destacó que "se han presentado varias iniciativas que buscan hacer una revisión del funcionamiento del CDE. Yo soy coautor de uno de esos proyectos y los cuestionamientos van por varios lados, primero la existencia de cargos muy extensos, casi vitalicios, que terminan en los 75 años, que es algo que valdría la pena revisar".
"Otro cuestionamiento va en relación a que los cargos de los consejeros, a pesar de tener una altísima remuneración y sean casi vitalicios, no tienen la exigencia de exclusividad en el cargo. Eso significa que junto con ejercer este rol están facultados para ejercer libremente la profesión o emplearse en algunas empresas o grupos económicos empresariales", dijo.
En esa línea, advierte que "con cierta frecuencia, la actividad privada de algunos consejeros ha entrado en contradicción con los intereses del CDE. En el pasado fue muy famoso el caso de juez-arbitro que realizó Clara Szczaranski, donde intervenía en esa calidad para resolver problemas entre el Estado de Chile y empresas mineras de alto patrimonio".
En cuanto a las opciones de que este tema sea revisado en la Comisión de Constitución, Soto indicó que "aquí es el Gobierno el que tiene la primera iniciativa en esto, porque muchos de los cambios que se puedan hacer al CDE al involucrar cambios presupuestarios son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo".
"Ellos son los que marcan los tiempos o las prioridades que pueda adoptar la comisión. En consecuencia, yo espero que el Gobierno tome nota de estas iniciativas, tenemos disposición en la comisión para revisar y mejorar el funcionamiento del CDE y la última palabra la tiene el Presidente y su ministro Secretario General de la Presidencia", recalcó.
A su juicio, "ellos son los que debieran indicarle al parlamento cuáles son sus prioridades y si están los cambios al CDE, bienvenido sea. Nosotros estamos dispuestos a hacer cambios profundos para mejorar la independencia, la capacidad profesional y los recursos para realizar un mejor trabajo en defensa de los intereses del Estado de Chile".
De acuerdo al legislador socialista, habría acuerdo transversal para sacar adelante el proyecto. "Yo creo que existiría un amplio respaldo en el parlamento si se plantea una reforma profunda que mejore las capacidades técnicas, tecnológicas y presupuestarias que puede tener el CDE", puntualizó.
