SANTIAGO.- A siete años de cárcel fue condenado
Rafael Garay, como autor de estafas reiteradas contra 29 víctimas, por un monto que bordeó los $1.300 millones.
La decisión, comunicada esta mañana, causó la sorpresa de los involucrados, ya que los magistrados del 2° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago concluyeron que la pena de seis años solicitada por la Fiscalía Centro Norte y algunos de los querellantes, "no ha logrado ponderar en su justa medida los alcances del valor conductual y resultado de hechos sometidos".
Ante esto, el abogado del ingeniero, Daniel Celis tildó el dictamen como "excesivo". "Creemos que es una pena absoluta e increíblemente desproporcionada a los hechos que se han conocido. Hay personas condenadas por homicidios o delitos sexuales con penas menores".
Consultado al por qué de la situación, aseguró que fue por la cobertura que se dio al caso en la prensa. "No he visto ninguna estafa que haya sido tan mediática como la de Rafael Garay. Pese a que han sido conocidos los casos de AC Inversions, que tiene $40 mil o $60 mil millones, tres mil víctimas, de igual forma terminó con procedimiento abreviado. Esto obviamente es por un tema mediático”.
En tanto, el fiscal Centro Norte, José Morales, así también como algunos de los querellantes presentes aseguraron estar conformes con la sentencia.
"Se acreditaron los hechos que habían sido presentados a juicio y el tribunal además consideró que la gravedad de los hechos ameritaban una pena privativa de libertad, lo que obviamente para nosotros es importante (...) consideró el número de delitos, modalidad de comisión de los mismos y la forma de la estafa", puntualizó el persecutor.
"No hay posibilidad, el día de hoy, que Rafael Garay pueda pagar. La única posibilidad de haber recibido algún dinero las víctimas, es a través de que él lograra su libertad y pudiera generar algún tipo de ingreso, ya sea por su misma exposición mediática; habíamos hablado de un libro, pero esa posibilidad se esfuma".
Daniel Celis, abogado de Garay sobre pago de demandas.
Así, la abogada de Víctor Mellado, quien invirtió la indemnización que recibió tras un grave accidente que le impide volver a trabajar, y representante de la Clínica Jurídica UC, María Elena Santibañez, agregó:
"Estoy bien satisfecha, el quantum de pena excedió las pretensiones punitivas que teníamos tanto la fiscalía como nosotros, pero además porque el tribunal cuando da lugar a las demandas civiles respecto de la única victima que concede ademas daño moral es respecto de mi representado, entonces logra empatizar con su situación particular"
Además, el querellante Sabas Chahuán concluyó: "Ha habido fallos en que se han impuesto penas similares, pero dentro de la regularidad de las penas que se imponen por casos de estafa, me parece que es una sentencia que se ajusta a la ley dentro de los parámetros que actual Código Penal regula".
Multas y demandas: "No hay posibilidad de pagar"
Junto a la pena efectiva, los magistrados también fijaron la multa de 21 UTM -cerca de $1.008.336-; y el pago del daño emergente a respecto a 18 afectados - $895.757.306-; y pago por daño moral a uno de ellos por $2.197.590.
Ante esto, Celis fue claro en indicar que "no hay posibilidad, el día de hoy, que Rafael Garay pueda pagar. La única posibilidad de haber recibido algún dinero las víctimas, es a través de que él lograra su libertad y pudiera generar algún tipo de ingreso, ya sea por su misma exposición mediática; habíamos hablado de un libro, pero esa posibilidad se esfuma"
En tanto, el persecutor indicó que como Ministerio Público "ya hicimos todo lo que tuvimos que hacer; todas las acciones para los efectos de la recuperación de los dineros. La ejecución de las demandas civiles es parte de los propios demandantes, no de nosotros (...) La fiscalía hizo todas las acciones en su momento para tratar de asegurar los dineros de las cuentas corrientes que no existían".
Sobre el mismo tema, Chahuán explicó que "solamente se puede cumplir si tiene bienes a su nombre o los adquiere a futuro", añadiendo que no descartan demandar a futuro en caso que aparezcan propiedades o dineros obtenidos posteriormente y antes de la respectiva prescripción.
