SANTIAGO.- El pasado 8 de marzo, tres días antes del cambio de mando presidencial, el ex ministro del Interior bajo las segunda administración de Michelle Bachelet,
Mario Fernández, firmó dos decretos que posteriormente fueron cuestionados por la Contraloría.
Según consignó
La Tercera, los documentos aludidos tuvieron como fin rebajar las sanciones establecidas por el ente contralor en contra del ex administrador de La Moneda,
Cristián Riquelme, y absolvía a otros tres funcionarios inculpados por contrataciones irregulares.
La indagatoria administrativa en contra de Riquelme y los demás involucrados comenzó en febrero de 2016, luego de que se conociera que dos empresas creadas por el primero suscribieron con el fisco contratos por más de $400 millones, lo que terminó con su renuncia días después producto de la polémica que generó el caso.
Tras analizar los antecedentes y tomar declaraciones a los implicados, el 6 de septiembre del año siguiente la Contraloría propuso al Gobierno imponer sanciones como la aplicación de multas del 15% de su sueldo para Germán Yovane Monetta, jefe del departamento jurídico (quien estaría aún en el cargo). También planteó sancionar con el 20% de su remuneración a Natalie Vilches Jara, ex jefa de abastecimiento de palacio, e igual medida contra Óscar Sandoval Navarrete, quien reemplazó a Riquelme tras su renuncia.
En tanto, para Riquelme, el contralor Jorge Bermúdez propuso suspenderlo del cargo por 30 días con goce del 50% de sueldo: ganaba un monto bruto de $7.765.741, según el citado medio.
Así el saliente Gobierno decidió absolver a los funcionarios indagados y rebajó el castigo de Riquelme a censura, la medida disciplinaria más baja para una falta administrativa. Esta resolución volvió a Contraloría para su toma de razón, medida que el organismo objetó alertando que "no se aviene con los antecedentes del proceso sumarial".
Copia a Piñera
Tras revisar la rebaja de sanciones, Bermúdez emitió un dictamen fechado el 11 de septiembre de 2018, donde aseguró que la nueva medida "no guarda concordancia con las infracciones comprobadas durante el proceso disciplinario".
Por esta razón, la Contraloría ordenó enviar una copia del dictamen mencionado directamente al Presidente, Sebastián Piñera, y al director administrativo de la presidencia, a fin de que "realicen una nueva ponderación de la documentación contenida en la carpeta investigativa y disponga la aplicación de sanciones que sean proporcionales a las contravenciones en que incurrieron los inculpados".
